El impulso definitivo al coche eléctrico en España se enfrenta a un obstáculo recurrente que no es otro que la falta de fondos públicos suficientes. Ante este panorama, el Gobierno ha puesto el foco en un colectivo muy concreto: los propietarios de vehículos diésel, a quienes considera pieza clave para sufragar el salto hacia una flota más limpia y eficiente.
En los últimos meses, diversas voces del Ejecutivo han señalado que la fiscalidad sobre el parque automovilístico diésel podría convertirse en una herramienta financiera para alimentar los incentivos al coche eléctrico. La propuesta pasa por revisar los impuestos y tasas aplicados a estos vehículos, considerados más contaminantes, con el objetivo de destinar los ingresos recaudados directamente a la promoción de modelos eléctricos e infraestructuras de recarga.
Esta estrategia se apoya en una lógica medioambiental y económica que supone que quienes más contribuyen a las emisiones de partículas y gases nocivos deberían ser los principales financiadores del cambio hacia tecnologías cero emisiones. De esta manera, se busca acelerar la renovación del parque móvil, favoreciendo que los conductores de diésel se planteen dar el salto a un coche eléctrico, ya sea por convicción ecológica o por motivos económicos.
Sin embargo, la medida está generando debate entre los usuarios de coches diésel que, en muchos casos, eligieron este tipo de motorización por motivos de eficiencia y ahorro a largo plazo. Así las cosas, organizaciones de consumidores y asociaciones del sector automovilístico han advertido de la necesidad de ofrecer alternativas realistas y ayudas suficientes para evitar que la transición suponga una penalización injusta para quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo a corto plazo.
Por su parte, los defensores de la iniciativa insisten en la urgencia de actuar ante la emergencia climática y la necesidad de cumplir con los objetivos europeos de reducción de emisiones. Según esta visión, la recaudación adicional permitiría incrementar los planes de ayudas directas, mejorar la red de puntos de recarga y reducir la brecha de precio entre vehículos eléctricos y convencionales.
El debate está servido y en el aire queda la pregunta: ¿Es justo y eficaz que los propietarios de diésel sufraguen el impulso al coche eléctrico? Mientras, el Gobierno perfila los detalles de su propuesta, y el sector y los conductores esperan claridad y garantías de que la transición sea tanto ecológica como socialmente equitativa.
Lo que está claro es que el futuro de la movilidad pasa por encontrar fórmulas innovadoras de financiación y colaboración entre todos los actores implicados.
