El Reino Unido ha anunciado la creación de un nuevo impuesto específico para los coches eléctricos, una medida que ha generado controversia tanto entre fabricantes como entre usuarios y expertos del sector. Hasta la fecha, los vehículos eléctricos se habían beneficiado de una exención fiscal que buscaba fomentar la transición hacia una movilidad más limpia; pero el Gobierno británico considera que ha llegado el momento de ajustar la fiscalidad ante el crecimiento del parque automovilístico eléctrico y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas.
A partir de 2026, los propietarios de coches eléctricos de Reino Unido deberán abonar una tasa anual que, según fuentes oficiales, será similar al impuesto que ya pagan los vehículos de combustión interna. La decisión responde a la caída de ingresos fiscales derivados de la reducción de ventas de coches diésel y gasolina, lo que ha supuesto una merma significativa para las arcas estatales. El ejecutivo británico ha argumentado que la igualdad tributaria contribuirá a una competencia más justa en el mercado automovilístico.
La implantación de este impuesto ha levantado ampollas entre los defensores de la movilidad sosteniblelm y muchas voces han advertido que este tipo de medidas puede suponer un retroceso en los avances logrados en la electrificación del transporte, especialmente en un contexto de transición ecológica y lucha contra el cambio climático. De esta manera, el sector teme que la nueva tasa desincentive la compra de vehículos eléctricos, ralentizando el ritmo de sustitución de la flota más contaminante.
Por otro lado, los expertos en economía y movilidad han señalado que mantener la exención indefinidamente podría distorsionar el mercado y generar problemas de equidad fiscal, y argumentan que, una vez que el coche eléctrico ha dejado de ser un producto minoritario y elitista, es razonable que sus propietarios contribuyan también a los gastos públicos derivados del uso de las infraestructuras viales. Sin embargo, reclaman que cualquier medida fiscal vaya acompañada de políticas de incentivo y apoyo a la innovación.
Los fabricantes de automóviles eléctricos han mostrado su preocupación por el posible impacto en las ventas, especialmente en los segmentos más populares y asequibles; y para contrarrestar los efectos negativos, el sector pide que se mantengan otras ayudas, como subvenciones a la compra o incentivos para la instalación de puntos de recarga. Además, advierten de que el Reino Unido podría perder atractivo para la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías si no se garantiza un entorno favorable.
Por su parte, las asociaciones de usuarios han recordado que el coste de adquisición de un coche eléctrico sigue siendo superior al de los vehículos tradicionales, a pesar de los avances en baterías y la bajada de precios, por lo que consideran que el nuevo impuesto se suma a otras barreras, como la falta de infraestructura de recarga en zonas rurales y la incertidumbre sobre la autonomía real de los vehículos, y reclaman una política fiscal coherente que apueste de forma decidida por la electrificación y la sostenibilidad.
Asi las cosas, el impuesto al coche eléctrico que prepara el Reino Unido reabre el debate sobre cómo financiar el sistema de transporte en la era de la movilidad sostenible, dejando claro que la clave estará en encontrar un equilibrio que permita mantener los avances ambientales sin penalizar la innovación ni frenar la adopción masiva de tecnologías limpias.
Queda claro además, que el futuro del vehículo eléctrico dependerá, en gran medida, de la capacidad de los gobiernos para diseñar políticas fiscales inteligentes y adaptadas a los nuevos retos del sector.
