Aunque Europa se está replanteando la prohibición de los coches de combustión más allá de 2035, la movilidad eléctrica sigue siendo un lujo para muchos hogares, ya que todavía los coches eléctricos no están al alcance de todos los bolsillos. Ahora, gracias al renting social ya testeado en Francia, el coche eléctrico podría estar al alcance de millones de europeos, lo que vendría a revolucionar el acceso a la movilidad cero emisiones en el viejo continente.
Según un estudio elaborado por la consultora Transport & Environment (T&E), hasta 3 millones de hogares con rentas bajas en los cinco países más poblados de la Unión Europea: Alemania, España, Francia, Italia y Polonia, podrían beneficiarse de lo que han dado en llamar renting social de aquí a 2032.
También conocido como leasing social, este sistema permite alquilar vehículos eléctricos por debajo de los 25.000 € a precios reducidos, que irían desde los 130 hasta los 215 euros al mes.
Se trata de una iniciativa que ya está disponible en Francia, y que ahora podría implantarse en otros países de la UE con el objetivo de facilitar la transición a la electromovilidad a millones de hogares que, de otra forma, no podrían hacerlo debido al todavía elevado coste de estos vehículos.
Según ha explicado la experta en electromovilidad de T&E, Laura Vélez de Mendizábal, “el renting social puede hacer realidad coches eléctricos limpios y baratos para millones de personas que, de otro modo, se verían atrapadas en vehículos contaminantes y caros”.
Según esta consultora, el plan podría financiarse a través del Fondo Social para el Clima de los diferentes estados miembros, utilizando los ingresos procedentes de la ampliación del mercado de carbono de la UE al transporte por carretera y los edificios, el denominado ETS2.
En total, según se recoge en el análisis de T&E, los cinco países estudiados dispondrían de hasta 16.000 millones de euros para financiar este renting social hasta 2032. El problema es que en 2026, primer año del Fondo Social para el Clima, la cantidad disponible se limita a 4.000 millones de euros.
T&E propone adelantar parte de estos ingresos a 2025 y 2026 con el objetivo de comenzar a aplicar ya este sistema en los cinco mayores países de la UE, que concentran hasta el 65 % de la población comunitaria, o lo que es lo mismo, unos 20 millones de personas con rentas bajas y medias que viven en zonas rurales y dependen enteramente de los coches de combustión.
En España, el transporte público en estas zonas rurales brilla por su ausencia y muchos hogares se ven obligados a tener un coche privado, con el resultado de un alto gasto en carburante que afecta directamente a sus bolsillos, hasta el punto de que el porcentaje del gasto destinado a combustible es mayor en estas zonas que en las urbanas.
Con todo, más allá del beneficio social, este tipo de renting podría servir de estímulo para la industria automovilística europea, de manera que si los gobiernos priorizan la compra de coches eléctricos fabricados en Europa, se impulsaría la producción y el empleo en el sector, estimandosed que esta medida podría generar una demanda equivalente al 12 % de todos los coches eléctricos que circularán en 2032.
Estos programas deberán diseñarse a escala nacional y adaptarse a la realidad local, de forma que los países deberían tener en cuenta criterios como la propiedad del coche, la renta y lugar de residencia. Por ejemplo, una familia situada en la franja más baja del 40 % de los hogares que viven en el entorno rural, podría optar perfectamente a este renting social.
Suponiendo un periodo de renting de seis años, T&E calcula que este leasing social podría beneficiar a entre 1,5 y 3 millones de hogares en los cinco países estudiados, en función del nivel de subvenciones concedidas, lo que podría cubrir hasta el 27 % de los hogares de renta baja y media de las zonas rurales dependientes de los coches de combustión.
Para T&E el renting social no debería ser la única medida aplicada por los gobiernos al transporte, de manera que los estados miembros deberían fomentar además el coche compartido y el transporte público, sin olvidar los programas de desguace, el apoyo a la instalación de puntos de recarga, y la inclusión de medidas de apoyo dirigidas a la movilidad en bicicleta.
Además, proponen que la Comisión Europea cree una plataforma de vehículos eléctricos asequibles que agrupe la información sobre la oferta y la demanda de vehículos de renting social y facilite las negociaciones con los fabricantes de automóviles.
