La movilidad eléctrica se ha consolidado como una prioridad estratégica en Europa, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de transporte sostenible. En este contexto, las ayudas públicas desempeñan un papel fundamental para acelerar la adopción del coche eléctrico, y el análisis comparativo entre España y otros países europeos revela importantes diferencias y desafíos.
En España, las ayudas públicas para la adquisición de vehículos eléctricos se han venido articulando principalmente a través del Plan MOVES, que ofrecía subvenciones directas a la compra, junto con incentivos fiscales y reducciones en impuestos de matriculación. Sin embargo, la cuantía de las ayudas, la burocracia asociada y la periodicidad de los programas han generado críticas por parte del sector y usuarios, que demandan mayor estabilidad y agilidad en el proceso.
En Europa, cada país va por separado, y es lo que refleja el último análisis realizado por ACEA, la asociación de fabricantes europeos, que nos muestra cómo apoya cada país de la Unión Europea a la industria del coche eléctrico.
ACEA ha hecho una distinción entre los incentivos directos a la compra (subvenciones, ayudas, bonos…) y a la instalación de puntos de recarga y los beneficios fiscales (IVA exenciones de impuestos, deducciones…), y la situación actual que dibuja en nuestro país pasa por el Programa Plan Auto+ que aporta hasta 4.500 euros de ayuda para la compra de eléctricos e híbridos enchufables, con un tope de 45.000 euros y con variaciones en función de si el vehículo y la batería se fabrican en la UE. Además, muestra una deducción en el IRPF del 15 % sobre el coste de adquisición, y también para la instalación doméstica de un punto de recarga, con un tope de 3.000 y 4.000 euros, respectivamente.
Por otra parte, hay una exención del impuesto de matriculación para todos los vehículos que emitan menos de 120 g/km de CO2, bonificaciones en el impuesto de circulación en la gran mayoría de ciudades grandes, y una exención de IVA/IGIC para vehículos alternativos con emisiones inferiores a 110 g/km CO2. Por otra parte, hay ayudas de hasta un 70 % del proyecto de instalación de cargadores públicos, con un máximo de 15 millones de euros por proyecto, con el Plan MOVES Corredores.
Así las cosas, España se presenta frente a otros países por su mezcla equilibrada entre subvenciones y ventajas fiscales, con una deducción en el IRPF poco común y con muchas bonificaciones locales en cuanto al uso de este tipo de vehículos. Además, apoya de forma pública la instalación de puntos de recarga, aunque a nivel doméstico el último Plan Auto+ los ha dejado fuera de la ecuación.
En cambio, nuestro país aporta un menor nivel de ayudas directas en comparación con otros paises vecinos como Francia, Alemania o Italia, y ofrece un menor apoyo a flotas y empresas que, por ejemplo, Alemania. En resumen, se puede decir que España ofrece un nivel de ayudas directas medias, mientras que en fiscalidad es razonablemente competitiva.
Los países que más ayudas directas ofrecen son Italia (hasta 11.000 euros), Hungría (hasta 10.500 euros), Croacia y Chipre (hasta 9.000 euros) y Malta (hasta 8.000 euros). Mientras que Alemania, ofrece hasta 6.000 euros, y en Francia el importe es de hasta 5.700 euros y hasta 2.000 euros extra por baterías europeas.
Las ventajas fiscales más interesantes se dan en países como Noruega, Austria y Portugal, con una variedad de exenciones de IVA que va desde el 25 % en Noruega, a su totalidad en algunos países,según rango de precios, incentivos para empresas, exenciones de impuestos de matriculación y contaminación… Otras regiones, como Países Bajos, Reino Unido o incluso Alemania, cuentan con una fiscalidad muy orientada en favor de las empresas.
El impacto de las ayudas en la adopción del coche eléctrico es evidente; y mientras que en los países con incentivos más generosos y estables, el mercado ha experimentado un crecimiento exponencial, en España, la falta de continuidad y la complejidad de los trámites han limitado el ritmo de transición, lo que se refleja en la cuota de mercado, que aún está lejos de alcanzar los niveles de los países más avanzados.
Los sistemas de ayudas también enfrentan retos y críticas, que van desde el riesgo de favorecer a ciertos segmentos de población hasta la necesidad de garantizar una infraestructura de recarga adecuada. En España, la fragmentación de competencias entre administraciones y la lentitud en la implantación de puntos de recarga han sido señaladas como barreras adicionales para el desarrollo del sector.
De cara al futuro, la experiencia europea sugiere que una política de incentivos clara, estable y adaptada a la realidad del mercado resultaría clave para acelerar la movilidad eléctrica. Lo que parece claro es que España tiene la oportunidad de aprender de los modelos más exitosos, simplificar sus ayudas y reforzar la colaboración público-privada, con el objetivo de impulsar una transición sostenible y competitiva en el ámbito nacional e internacional.
