A partir de 2026 los fabricantes de automóviles chinos deberán contar con licencias específicas para exportar vehículos eléctricos, según ha anunciado el Ministerio de Comercio del país en un comunicado oficial. Esta medida busca garantizar lo que las autoridades describen como un «desarrollo saludable» de la industria, en un momento de fuerte presión competitiva y tensiones comerciales internacionales.
Con esta decisión, el Gobierno chino coloca a los coches eléctricos en la misma categoría que otros segmentos del sector, como los automóviles de combustión y las motocicletas, que ya estaban sujetos a requisitos de autorización para su venta en mercados extranjeros. Este cambio normativo supone un paso más en el proceso de mayor control estatal sobre una industria que se ha convertido en emblema de la transición energética y, al mismo tiempo, en una de las más reñidas a nivel global.
Esta nueva regulación llega tras un año marcado por una intensa guerra de precios en el mercado doméstico, que ha obligado a numerosos fabricantes a aplicar descuentos agresivos con el objetivo de sostener su cuota de ventas, una dinámica que debilitó los márgenes de beneficio de varias compañías, que despertó preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo del sector, y que concentra cientos de miles de empleos constituyendo un área estratégica para la economía nacional.
En respuesta, Pekín ya había ordenado en meses anteriores frenar las rebajas indiscriminadas y acelerar los pagos pendientes a proveedores para aliviar la presión financiera de la cadena de suministro.
La política de licencias de exportación también se enmarca en un escenario internacional complejo, con un auge de los fabricantes chinos en Europa que ha generado fricciones con gobiernos y competidores occidentales. En este contexto, la Unión Europea decidió el pasado julio imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos procedentes de China, alegando competencia desleal derivada de subsidios estatales.
Sin embargo, estas medidas no han conseguido frenar de forma significativa el flujo de automóviles hacia el Viejo Continente, y entre enero y julio de este año, empresas como Nio, BYD y Xpeng exportaron más de 19.000 millones de euros en vehículos eléctricos, prácticamente la misma cifra que en 2024.
Europa se mantuvo como el principal destino, a pesar del endurecimiento arancelario impulsado desde Bruselas. El establecimiento de estos permisos abre varias incógnitas: por un lado, puede interpretarse como una medida de gestión interna para ordenar un sector que crece a gran velocidad y que sufre una presión intensa por la sobrecapacidad de producción; mientras que por otro lado, la iniciativa podría convertirse en una herramienta de política comercial, con la que Pekín ganaría margen de maniobra en sus negociaciones con otros bloques económicos.
El impacto de esta medida dependerá de cómo se apliquen los permisos y de si se convierten en un simple requisito burocrático o en un instrumento para limitar la salida de ciertos vehículos al extranjero. En cualquier caso, se trata de un movimiento que refleja la doble estrategia de China: consolidar su liderazgo en automoción eléctrica y, al mismo tiempo, proteger una industria crucial para su economía.
