Un millar de compradores de coches eléctricos en España se prepara para presentar una reclamación colectiva contra el Estado por la denegación de las ayudas del Plan MOVES III del Gobierno, primero ante el Consejo de Ministros y luego ante el Tribunal Supremo, una acción que canalizará la Plataforma de Afectados por el Plan Moves de la mano del despacho Administrativando Abogados, y que buscará compensar los perjuicios económicos sufridos por ciudadanos que presentaron su solicitud dentro del plazo que creían vigente y acabaron excluidos por, entienden, motivos formales derivados de cambios normativos sobrevenidos.
Está previsto que esta acción colectiva se presente a lo largo del mes de enero, sin perjuicio de que con posterioridad a esa fecha también se pueda interponer la correspondiente acción en función de cada caso en concreto.
El problema, según explican desde Administrativando, afecta principalmente a quienes adquirieron su vehículo entre agosto y diciembre de 2024 y que "por circunstancias ajenas a su voluntad y derivadas de la propia gestión administrativa (incluyendo procedimientos de los concesionarios o trámites telemáticos) presentaron su solicitud de ayuda en los primeros días de enero de 2025".
Se trata sobre todo, aclaran desde el equipo jurídico tras la iniciativa, de "aquellos que formalizaron la adquisición de su vehículo eléctrico los últimos días del mes de diciembre de 2024 o realizaron cualquier trámite relativo a la actuación subvencionable, bajo el convencimiento y tranquilidad absoluta de que contaban hasta el 30 de junio de 2025 con tiempo para primero solicitar el incentivo y, en segundo lugar, justificar la procedencia de la ayuda/subvención reclamada", todo ello con base en el Real Decreto Ley 9/2024, que garantizaba en ese momento la continuidad de la ayuda.
Sin embargo, en fecha de 23 de enero de 2025, una 'crisis' entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios se saldó con la derogación en el Congreso del entonces Decreto Ómnibus que impulsaba el Ejecutivo y que contemplaba, entre otros, el Real Decreto Ley 9/2024, clave en la cobertura administrativa de las ayudas al coche eléctrico más allá del 31 de diciembre de 2024.
Como consecuencia inmediata, todas las solicitudes de ayuda que se cursaron entre el 1 y el 23 de enero de 2025, y que se referían a adquisiciones de vehículos en 2024, "se han visto inadmitidas o denegadas por las Comunidades Autónomas, excepto Islas Baleares que, a la vista de la situación, por voluntad propia y para paliar los perjuicios causados por el Estado, decidió lanzar una ayuda pública autonómica al efecto", explican desde Administrativando.
Aunque el Ejecutivo central aprobó posteriormente el decreto 3/2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, las adquisiciones de finales de 2024 quedaron excluidas, denuncian los ahora reclamantes.
Solo en Madrid y Cataluña se estima que hay más de 1.600 afectados, y la cifra nacional podría alcanzar los 2.700 ciudadanos. Muchos de ellos habían comprometido la ayuda como parte de la financiación de su vehículo, mediante préstamos, ahorro familiar o acuerdos con concesionarios.
Desde el despacho de abogados cuentan que "en la primera reunión mantenida con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se nos reconoció expresamente que eran conscientes de que el corte de fechas iba a afectar a ciudadanos que habían comprado dentro del periodo de vigencia del programa. Aun así, se decidió seguir adelante sin articular ninguna solución transitoria ni mecanismo corrector".
Así las cosas Nicolás Sadofschi e Iván Ponce, representantes del colectivo afectado, han denunciado que, aunque la Administración era consciente de que la derogación afectaría a muchos compradores, no adoptó medidas correctoras ni mecanismos transitorios, dejando a los ciudadanos desprotegidos; y c Consideran que, si bien no hubo mala fe, se ha tratado de una "chapuza administrativa" que "ha dejado a miles de familias en un limbo legal y económico".
Desde el despacho de abogados han explicado que "en la primera reunión mantenida con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se nos reconoció expresamente que eran conscientes de que el corte de fechas iba a afectar a ciudadanos que habían comprado dentro del periodo de vigencia del programa. Aun así, se decidió seguir adelante sin articular ninguna solución transitoria ni mecanismo corrector".
Los letrados de Administrativando han avanzado que el recurso se fundamentará en la existencia de un daño patrimonial cierto, derivado de actuaciones administrativas que no contemplaron medidas transitorias para proteger los derechos de los compradores. Además, se argumentará un daño antijurídico, dado que los afectados fueron privados de la ayuda "por causas imputables a la Administración, vulnerando los principios de confianza legítima y seguridad jurídica".
La acción de reclamación se apoyará en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en la Ley 40/2015 sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
La reclamación estará abierta a todos los ciudadanos que hayan comprado un vehículo eléctrico entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2024, hayan solicitado la ayuda antes del 23 de enero de 2025 y no hayan recibido la subvención de la administración autonómica.
