Las comunidades del Partido Popular han trasladado al Gobierno su “preocupación” por el diseño de la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica, anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica, y han considerado que “persiste en los errores del pasado” y en que genera "inseguridad jurídica".
De esta manera, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha señalado que es necesario un “cambio de modelo” y la apertura de una línea de ayudas para “promover la comercialización de vehículos eficientes de cualquier tecnología”, ampliando el catálogo de soluciones para que puedan entrar los biocombustibles y gases renovables.
Martín reprocha al Gobierno de Sánchez que intenta “engañar” a los ciudadanos al incluir entre los 14.100 millones anunciados para mitigar los efectos de los aranceles, los 400 del Plan MOVES a fondo perdido ya previstos antes de la nueva situación comercial internacional y que atiende a solicitudes presentadas desde el 1 de enero de este año.
Las comunidades populares denuncian que el nuevo esquema del plan mantiene una tramitación “excesivamente compleja”, que carece de ayudas directas en la compra de vehículos eléctricos, y que no incorpora avances en la gestión administrativa. En este sentido, han señalado que “esto se traduce en una mayor carga burocrática para las comunidades y pone en riesgo la eficacia y el alcance real del programa”.
Así las cosas, las CCAA del PP insisten en solicitar al Gobierno la puesta en marcha de un nuevo programa MOVES IV que establezca descuentos directos “y al instante” en las facturas a los compradores de coches eléctricos o al instalar puntos de recarga para eliminar “la excesiva burocracia”; al tiempo que piden que el nuevo programa incorpore reducciones del IVA, siguiendo el ejemplo de países como Noruega, Países Bajos y Alemania o beneficios fiscales como la deducción del 100 % del IVA para empresas que apuesten por la electrificación de sus flotas.
Además, exigen al Gobierno que aclare la información solicitada sobre los criterios de reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del Plan MOVES. En este sentido, avisan que “la no resolución de estas cuestiones imposibilitan lanzar la convocatoria y asegurar la concesión, pago y llegada de las subvenciones a los ciudadanos y a las empresas”.
Por último, vuelven a mostrar su disposición a trabajar de forma conjunta con el Gobierno para redactar un MOVES IV simplificado que incluya tramitación directa por parte de los concesionarios de vehículos eléctricos, y la subvención en poder del ciudadano a la mayor brevedad.
