Las dos principales medidas gubernamentales que han impulsado la compra de coches eléctricos en España decaerán el 31 de diciembre, motivo por el que el Ejecutivo prepara un plan alternativo que consiga un mayor impacto entre los ciudadanos, y con el que, d epaso, poder sortear a las Comunidades Autónomas, que el Gobierno considera que son el cuello de botella para la consecuión de las ayudas.
De esta manera, el Gobierno estaría trabajando a contrarreloj para que el nuevo marco de incentivos pueda entrar en vigor a principios de 2025, es decir, inmediatamente después de que acabe el plan actualmente vigente; y entre las medidas que barajan destaca una de las grandes peticiones de las asociaciones de fabricantes, que no es otra que las ayudas para la adquisición de estos vehículos se perciban en el momento de la compra, frente al cobro a posteriori que contempla el programa actual.
Ni fabricantes ni concesionarios han cuestionado nunca que el fallo del Moves estuviera en la falta de fondos, y por el contrario todas las críticas han apuntado a una ejecución poco eficaz.
Inicialmente, estos fondos los iba a gestionar el IDAE, organismo bajo el paraguas de la Secretaría de Estado de Energía, cargo que hasta este lunes ocupaba la ya ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Sin embargo, por dictamen del Tribunal Supremo, acabaron siendo las Comunidades Autónomas las encargadas de ejecutar las ayudas por tratarse de un programa nutrido a base de fondos europeos.
Así las cosas, según defiende el Gobierno, más allá del elevado precio de los coches que se podían beneficiar del plan, el gran escollo ha estado en la lentitud con la que buena parte de las autonomías han transferido el dinero a los beneficiarios de las ayudas, lo que, en muchos casos, ha derivado en tiempos de espera de más de dos años para cobrar estas ayudas desde el momento de la compra por parte de los conductores.
De esta manera, parece que el Ejecutivo estaría buscando una fórmula para sortear a las CCAA, en aras de evitar nuevos retrasos y rifirrafes políticos como el que se vivió con la Comunidad de Madrid, desde donde llegaron a denunciar que el ministerio se resistía a autorizar más fondos pese a que las solicitudes recibidas en la región habían desbordado la partida asignada.
Fuentes cercanas a la negociacion, han deslizado que desde el Gobierno están tratando de convencer a los concesionarios de que sean ellos los que otorguen estas ayudas por adelantado, una propuesta que no convence al sector, que duda de los plazos institucionales y quiere evitar revivir lo que ocurrió con el Plan 2000E, cuando tuvieron que inmovilizar importes millonarios para hacer frente a los adelantos.
Al margen de que las CCAA se hayan convertido en un escollo para el Moves, existe un consenso en el sector que apinta a que el programa nació con fallos estructurales, como que el reparto de los fondos siguiera un criterio poblacional y no de mercado, de manera que en la primera ronda de asignación Andalucía recibió 71 millones de euros (casi el 18 % del total), por los 57 millones (14,2 %) de Madrid. En la primera región apenas se vende el 8 % de todos los vehículos con enchufe, menos de la sexta parte de los que se despachan en Madrid, algo que favoreció que esta última región acumulase, en momentos pico, expedientes cuyo valor quintuplicaba el dinero disponible.
A esto habría que añadir que el plazo para presentar las solicitudes no se abría en todas partes al mismo tiempo, sino cuando cada región decidía; por no hablar de que las autonomías eran libres para pedir ampliaciones de fondos cuando lo precisasen.
Además, por las cantidades percibidas, el comprador beneficiario debía tributar, a posteriori, en la declaración del IRPF del ejercicio de cobro, lo que en la práctica ha reducido sustancialmente la ayuda real recibida, de manera que un comprador que obtuviese una ayuda de 2.600 euros, por ejemplo, podría verla recortado en unos 800 euros. Este sería precisamente uno de los puntos que está sobre la mesa de negociacion, de manera que se espera que la nueva norma acabe con la obligación de declarar las ayudas.
