Aunque los fabricantes de automóviles consideran adecuado el importe de las ayudas públicas otorgadas por el Gobierno, 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico si se achatarra un coche antiguo, no han dejado de solicitar que este incentivo se aplique en el momento de la compra.
Pues bien, desde hace meses, el Gobierno y el sector de la automocion patrio están negociando los términos del Plan Moves 2025, en los que buscan una fórmula consensuada; y mientras que el sector aboga por una ayuda directa, el Gobierno defiende que la complejidad administrativa debido a las particularidades territoriales de nuestro país, dificulta la implementación de esta opción.
De esta manera, parece que el Ejecutivo estaría considerando pedir a los fabricantes que adelanten el dinero de la ayuda para que los clientes la reciban de inmediato, aplicando posteriormente una compensación a las marcas, lo que aceleraría el proceso y fomentaría las ventas de vehículos eléctricos, aunque representaría una carga financiera para las marcas, que probablemente trasladarían este coste a los concesionarios, como ya ocurre en Francia.
Así las cosas, el Gobierno pretende seguir el ejemplo de la bonificación aplicada a los carburantes, que se implementó debido a su alza de precios provocada por la guerra en Ucrania, y según fuentes gubernamentales, el hecho de que algunas marcas ya estén adoptando esta fórmula, hace que la solucion parezca viable.
En la actualidad, Renault y Dacia, a través de RCI Bank, ofrecen un préstamo al 0 % durante 18 meses por el valor de la ayuda del Moves; mientras que otras marcas como Mazda, Hyundai, Peugeot, Fiat, Jeep, Opel y Citroën también han decidido adelantar los incentivos. No obstante, también se está considerando una fórmula intermedia, mediante la que el Gobierno y los fabricantes compartirían la financiación de las ayudas.
Este esquema ya se aplicó en la década de 2010 con el Plan PIVE, que incentivaba la compra de coches nuevos con 2.000 euros, financiados a partes iguales entre el Gobierno y las marcas, condicionado a la retirada de vehículos con más de diez años.
Por ahora, no hay una propuesta definitiva debido a las dificultades para modificar el formato actual del Plan Moves, que sigue gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las negociaciones están encabezadas por Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, y Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, aunque la decisión final recaerá en el Ministerio de Hacienda, que actualmente tiene otras prioridades.
Uno de los puntos clave del Moves 4 será determinar la fuente de financiación de las ayudas, ya que con la prórroga de junio, el Gobierno optó por un enfoque mixto: de los 350 millones de presupuesto hasta el 31 de diciembre, 200 millones provinieron de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y 150 millones de fondos europeos destinados a la recuperación post-Covid. Sin embargo, estos fondos europeos ya se han agotado y, por ahora, no hay nuevos PGE.
