La excesiva burocracia del Gobierno de Pedro Sánchez estaría frenando la inversión en el coche eléctrico en España, debido a la proliferación de permisos duplicados, falta de coordinación entre administraciones y demoras de hasta 18 meses en la conexión eléctrica. Esta situación provoca que cerca de 114 millones de euros en inversión estén bloqueados por el papeleo regulatorio y los cuellos de botella en los procesos de conexión.
Se trata de una situación que impide que la movilidad eléctrica avance en el mercado español al mismo ritmo que lo hacen el resto de países europeos, según se desprende el V Informe OBS de Movilidad Eléctrica 2025, que denuncia que un 20 % de los puntos de recarga instalados no están operativos por retrasos administrativos y falta de coordinación entre administraciones y distribuidoras.
De esta manera, parece que la transición hacia la movilidad eléctrica avanza en España, pero el progreso se atasca justo donde debería acelerarse, que no es otro punto que a la hora de cargar. En este sentido, el informe recoge que «una inversión de 114 millones de euros permanece bloqueada por la burocracia regulatoria y los cuellos de botella en los procesos de conexión».
Según ceunta el digital OK Diario, el informe propone un calendario claro que pasa por priorizar la activación inmediata del 20 % de puntos inactivos antes de iniciar nuevas convocatorias, o llevar a cabo planes de expansión para convertir gasto improductivo en infraestructura útil.
España presume de un crecimiento récord en infraestructura al liderar el crecimiento en Europa en puntos instalados, con 47.519 puntos de carga pública instalados, lo que se traduce en un 52 % más que el año anterior.Sin embargo, el informe alerta de que sufre una de las mayores tasas de inoperatividad de la red por los efectos negativos de los permisos duplicados, la falta de coordinación entre administraciones y las demoras de hasta 18 meses en la conexión eléctrica.
Como ejemplo de todo esto, expone que cuando se realiza un análisis de los plazos en base a la experiencia de instalación en otros países, como son los casos de Francia, Bélgica, Italia, Suiza o Austria, los plazos entre el momento en el que se pide el punto de entronque a la distribuidora hasta la puesta en marcha de la electrolinera son de entre 5-12 meses como plazo máximo de puesta en marcha. Sin embargo, en el caso de España, este proceso se eleva a 24-36 meses.
Estos retrasos, según el informe, tienen un efecto negativo en el usuario, ya que cada instalación cerrada resta confianza al usuario y erosiona el mensaje de una transición en marcha.
El informe refleja que la burocracia no solo encarece los proyectos, sino que también desincentiva a los consumidores, ya que los usuarios que no pueden confiar en encontrar un cargador operativo tienden a retrasar la compra de un coche eléctrico, temerosos de quedarse sin autonomía
No obstante, el informe reconoce algunos avances, como que España ha cumplido los objetivos intermedios del PNIEC para 2025, tanto en matriculaciones como en infraestructura teórica, aunque lanza una clara advertencia: sin resolver los cuellos de botella, será imposible alcanzar los compromisos de 2030.
Así las cosas, el documento alerta de que los problemas de gestión pública están erosionando el esfuerzo industrial y el apetito inversor del sector privado, que necesita certidumbre para seguir desplegando infraestructura.
Ante esta situación, los investigadores del OBS proponen medidas básicas y urgentes como una ventanilla única para tramitar permisos, plazos máximos para la conexión eléctrica y transparencia pública sobre el estado operativo de cada punto.
Además, el documento concluye que «antes de inaugurar nuevos cargadores, hay que hacer funcionar los que ya están instalados», es decir: menos cintas de inauguración y más gestión.
