El comprador "tipo" de coche eléctrico en España percibe ingresos muy por encima de la media, atesora un título universitario y vive en una gran ciudad. Un estudio de la Universidad del País Vasco (EHU) y el centro de investigación BC3 ha trazado, por primera vez con datos reales del parque automovilístico, la radiografía exacta de quién conduce un eléctrico en España y por qué las ayudas públicas no están acelerando la transición.
España se ha fijado el objetivo de alcanzar 5,5 millones de coches eléctricos en 2030, pero hoy apenas circulan 600.000, según datos de la DGT, una brecha enorme que la investigadora Mercé Amich, de la Facultad de Economía y Empresa de la EHU, ha entendido tras observar los resultados de este estudio que resultan bastante concluyentes: los tres factores que más determinan si alguien comprará un coche eléctrico en España son los ingresos económicos, el nivel educativo y el lugar de residencia.
De esta manera, la investigación confirma que la mayoría de propietarios de coches eléctricos tienen estudios universitarios y residen en grandes ciudades, con Barcelona y Madrid a la cabeza.
Lo que distingue a este estudio de los anteriores es la calidad de la fuente, de manera que hasta 2021 sólo se disponía de encuestas sobre intención de compra, que no reflejaban el comportamiento real; pero ahora, por primera vez, se analizan datos reales de titularidad de vehículos, lo que convierte al trabajo en la primera radiografía fidedigna del comprador de coche eléctrico en España.
Amich y su equipo han cruzado esos datos de propiedad con la distribución territorial de las ayudas de los planes MOVES del Ministerio para la Transición Ecológica, para comprobar que el diagnóstico es severo y que los recursos públicos no están llegando a quienes más los necesitan ni están impulsando una renovación efectiva del parque de coches. En este sentido Amich ha señalado que «vemos que las ayudas se están dando a personas que se podrían permitir un coche eléctrico sin ellas. Esto significa que no están cambiando el comportamiento de compra, que es precisamente el objetivo de este tipo de políticas públicas».
De esta manera, parece claro que el dinero público subvenciona decisiones que ya estaban tomadas, sin mover un solo comprador desde el coche de gasolina hacia el eléctrico. El ejemplo que utiliza la investigadora lo ilustra sin rodeos, y es que una persona con gran fortuna en Madrid que quiere un Tesla recibe la misma ayuda que alguien con recursos mucho más limitados. De esta manera, la investigadora ha criticado que «se está destinando mucho dinero público para subvencionar coches bastante exclusivos y caros a segmentos de la población muy pequeños que ya tienen la capacidad económica para hacer la inversión».
La solución que propone el estudio pasa introducir un límite de renta para acceder a las subvenciones, de la misma manera que ocurre con otras ayudas públicas. Sin embargo, el problema cuenta con otra dimensión ambiental que agrava el diagnóstico, y es que muchos compradores de coches eléctricos no retiran su antiguo vehículo de combustión, sino que sencillamente añaden el eléctrico a su flota familiar, con el resultado de que el parque total de coches crece, el coche más contaminante sigue circulando y el efecto ambiental de las ayudas se diluye.
Algunas convocatorias de los planes MOVES exigían llevar el vehículo antiguo al desguace, pero ese requisito fue suprimido, por lo que la investigadora no duda en señalar a Portugal como referente al que España debería mirar, ya que este país ha logrado una adopción del coche eléctrico notablemente superior a la de España a partir del diseño de políticas más equitativas que amplían el acceso a esta tecnología más allá de las rentas altas.
Además, el parque de coches español es uno de los más envejecidos de Europa, lo que supone un doble problema: más emisiones y menos renovación; y si los compradores de coches eléctricos siguen concentrándose en hogares ya acomodados, la electrificación seguirá siendo un privilegio de clase antes que una herramienta de descarbonización.
Esta investigación, publicada en la revista Energy Economics y elaborada en colaboración entre la EHU y el BC3, apunta que sin una corrección en el diseño de las subvenciones los objetivos climáticos no se cumplirán, ya que el comprador tipo de coche eléctrico en España —urbano, con estudios superiores y renta elevada— no necesita que el Estado le ayude a comprar un segundo o tercer coche.
Además, el estudio propone revisar los criterios medioambientales, como que la ayuda quede ligada a la retirada efectiva del coche de combustión más antiguo, de modo que cada eléctrico que entre al mercado suponga la salida de un contaminante, una condición sin la cual, las subvenciones financian flotas más grandes en hogares que ya tienen recursos, en lugar de acelerar la transición ecológica que justifica el gasto público.
