La Unión Europea está introduciendo cambios importantes en la forma en la que los conductores de coches eléctricos podrán utilizar la red pública de carga, con el objetivo de que resulte más sencillo saber cuánto cuesta recargar un coche y pagar por ello sin tener que depender de una aplicación, una cuenta de usuario o un contrato previo con cada operador.
Así las cosas va a establecerse como obligatorio en el viejo continente la presencia de estaciones de carga cada 60 kilómetros en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), debido a que la cada vez mayor presencia de vehículos enchufables en las carreteras europeas, que ha obligado a Bruselas a actuar para regular uno de los aspectos clave del uso y estandarización de esta tecnología.
De esta manera, el Reglamento (UE) 2023/1804, conocido como AFIR, establece un marco común para las infraestructuras destinadas a combustibles alternativos en los países de la Unión Europea, una normativa que también incluye cuestiones relacionadas con los precios, métodos de pago y disponibilidad de estos puntos de recarga públicos.
Uno de los objetivos primordiales del reglamento es conseguir que los conductores puedan recorrer Europa con un coche eléctrico sin encontrarse con grandes zonas en las que resulte imposible recargar la batería. Para ello, AFIR establecerá objetivos mínimos de infraestructura en los principales corredores de transporte europeos. En el caso de los turismos y vehículos comerciales ligeros, la normativa establece la creación de grupos de puntos de recarga separados por una distancia máxima de 60 kilómetros en determinados tramos de la red TEN-T.
Estos grupos deberán cumplir además unos requisitos mínimos tanto de potencia conjunta como de potencia de los cargadores individuales, al tiempo que los vehículos eléctricos pesados tendrán, por su parte, sus propios objetivos de despliegue. En este caso, los requisitos relacionados con la potencia y la cobertura serán diferentes y también aumentarán a medida que pasen los años, debido a las mayores necesidades energéticas de camiones y otros vehículos de grandes dimensiones.
La intención con esta medida es que los viajes largos en coche eléctrico sean cada vez más sencillos y seguros para los usuarios; y en lugar de depender de una red de carga pública irregular, mal conectada o con tarifas que en muchos casos llegan a ser abusivas, la normativa establece unas condiciones mínimas que los países deberán ir cumpliendo.
Por otro lado, el reglamento pretende acabar con la incertidumbre y falta de transparencia tanto del precio de la recarga como del método de pago, razón por la cual, los operadores deberán ofrecer información transparente, comparable y no discriminatoria sobre las tarifas de uso de sus puntos de carga. De esta manera, los cargadores públicos con una potencia de 50 kW o superior, el precio de una recarga puntual deberá mostrarse tomando como referencia el coste por kWh. El operador también podrá añadir un importe calculado por tiempo, por ejemplo, para penalizar que un vehículo permanezca conectado durante demasiado tiempo una vez finalizada la carga.
Además, en los puntos con menos de 50 kW deberán especificarse todos los conceptos que puedan aplicarse, ya sea un precio por kWh, por minuto, por sesión u otros cargos adicionales.
Con todo, estas obligaciones solamente se aplican a los puntos de carga desplegados a partir del 13 de abril de 2024, por lo que no afecta a los más antiguos. No obstante, los que utilicen la red de carga pública tendrán que eliminar uno de los procesos que más crispación despierta entre los usuarios: la forma de pago. Hasta ahora, no era extraño encontrarse con redes de carga que obligan a utilizar una aplicación, registrarse como usuario o disponer de una cuenta con el operador, lo que complica el uso de las estaciones, especialmente cuando se trata de cargas puntuales o de emergencia. Sin embargo, el reglamento establece que los nuevos puntos públicos tienen que permitir realizar una recarga puntual sin necesidad de establecer previamente una relación contractual con el operador.
Además, los puntos instalados desde el 13 de abril de 2024 deben aceptar algún sistema de pago electrónico de uso generalizado dentro de la Unión Europea, como un lector de tarjetas, un sistema de pago contactless o soluciones basadas en internet, como códigos QR.
Mientras tanto, a partir del 1 de enero de 2027, los puntos de carga de al menos 50 kW situados en la TEN-T y en determinadas zonas de estacionamiento seguro también tendrán que cumplir esta exigencia, incluso cuando se trate de instalaciones anteriores a abril de 2024.
Otro aspecto que cambia es la conectividad de los puntos de recarga, de modo que todos los cargadores públicos operativos deben estar conectados digitalmente, lo que permitirá intercambiar información sobre aspectos como su disponibilidad, funcionamiento y características.
