La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que el mercado de la recarga pública para coches eléctricos en España presenta todavía obstáculos relevantes a la competencia y riesgos de concentración en determinados segmentos y territorios.
Este organismo considera que el momento actual es clave para corregir estas barreras, al tratarse de un sector aún en fase inicial cuyo diseño puede condicionar la evolución futura del mercado.
El regulador ha publicado el estudio E/CNMC/003/22 sobre la infraestructura de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, en el que analiza el funcionamiento de este mercado desde la óptica de la competencia y la buena regulación.
La CNMC parte de la premisa de que el despliegue de una red de recarga suficiente, accesible, fiable y competitiva será determinante para acelerar la electrificación del transporte, uno de los principales vectores de la descarbonización de la economía, y señala que la prestación de servicios de recarga presenta niveles de concentración relativamente elevados en algunas zonas y que existen factores que pueden favorecer a determinados operadores frente a nuevos entrantes, entre los que figuran el acceso a ubicaciones estratégicas, tanto públicas como privadas, las condiciones de conexión a las redes eléctricas, la integración vertical de algunos agentes y el peso creciente de las plataformas de interoperabilidad.
La CNMC pone especial atención en los emplazamientos de alto valor, como los situados en carreteras, estaciones de servicio, aparcamientos públicos, centros comerciales o zonas urbanas con alta demanda potencial. El acceso a estos puntos puede convertirse en una barrera de entrada si se articula mediante concesiones, licitaciones o acuerdos privados poco transparentes, con duraciones excesivas o requisitos desproporcionados que limiten la participación de operadores alternativos.
Otro de los problemas detectados es la fragmentación administrativa, un punto en el que organismo advierte de que la multiplicidad de trámites, la heterogeneidad de requisitos entre administraciones y los largos plazos de autorización pueden generar costes innecesarios y ralentizar la puesta en funcionamiento de los puntos de recarga. Estas cargas afectan especialmente a operadores de menor tamaño, que cuentan con menos capacidad financiera y administrativa para afrontar procedimientos complejos.
La CNMC también identifica como cuello de botella el acceso a las redes de electricidad, ya que la disponibilidad de capacidad, los tiempos de respuesta, las condiciones de conexión y el coste de las actuaciones necesarias, pueden condicionar la viabilidad de los proyectos y alterar la competencia entre operadores. Por ello, el organismo reclama una vigilancia reforzada sobre el papel de los agentes integrados verticalmente y sobre los procedimientos de acceso y conexión.
Desde el punto de vista del consumidor, el estudio alerta de la falta de transparencia en las tarifas y condiciones del servicio, ya que la diversidad de modelos de precios, aplicaciones, sistemas de pago y esquemas de acceso dificulta la comparación de ofertas y reduce la capacidad de elección de los usuarios. Competencia considera en este sentido que esta opacidad puede debilitar la presión competitiva y perjudicar el desarrollo eficiente del mercado.
El regulador llama también la atención sobre el diseño de incentivos públicos, ayudas al despliegue y obligaciones de instalación dirigidas a determinados operadores, instrumentos que según defiende pueden contribuir a acelerar la red de recarga, pero deben configurarse con criterios de necesidad, proporcionalidad y neutralidad competitiva para evitar ventajas injustificadas o distorsiones entre empresas. Para corregir estas deficiencias, la CNMC plantea un amplio paquete de recomendaciones.
Entre las principales medidas figura la simplificación y consolidación del marco normativo, junto con una mayor coordinación entre administraciones públicas. El organismo propone además aprobar orientaciones comunes, reforzar los mecanismos de unidad de mercado y establecer una evaluación periódica de los instrumentos regulatorios, y eclama reducir las cargas burocráticas a lo imprescindible. Para ello, plantea avanzar hacia ventanillas únicas, aplicar el principio de "solo una vez" para evitar que los operadores tengan que presentar repetidamente la misma documentación, homogeneizar las autorizaciones, evitar dobles controles previos y simplificar las obligaciones de remisión de información.
En materia de concesiones administrativas, la CNMC pide que los contratos públicos se diseñen de forma procompetitiva, lo que implica evitar barreras de acceso innecesarias, ajustar los requisitos de solvencia al objeto del contrato, no agrupar indebidamente concesiones, favorecer licitaciones abiertas y aprovechar las guías y la función consultiva del propio organismo en contratación pública.
El informe también propone reforzar la transparencia para los consumidores, y recomienda mejorar la información disponible antes de contratar una recarga, facilitar la comparación de precios, homogeneizar los datos públicos sobre puntos de recarga, promover estándares abiertos e interoperabilidad, y seguir mejorando la señalización física de las estaciones.
En cuanto a las ayudas públicas y obligaciones de instalación, el regulador defiende que deben diseñarse de forma eficiente y neutral, con el objetivoder impulsar el despliegue donde sea necesario sin consolidar posiciones de ventaja ni excluir a operadores que puedan competir en igualdad de condiciones.
La CNMC concluye que el sector requiere una supervisión reforzada en los próximos años; y en particular, recomienda vigilar los acuerdos privados de acceso a ubicaciones estratégicas, las estrategias comerciales de los operadores, las relaciones entre operadores de puntos de recarga y proveedores de servicios de movilidad eléctrica, así como la evolución tecnológica del mercado.
El mensaje de fondo del informe parece claro, y se basa en que la red pública de recarga será una infraestructura esencial para la transición energética, pero su despliegue debe hacerse con reglas que favorezcan la competencia, la transparencia y la entrada de nuevos operadores; de lo contrario, España corre el riesgo de construir un mercado con barreras estructurales, posiciones dominantes locales y menor capacidad de elección para los usuarios.
