La infraestructura de carga de coches eléctricos en Europa no se ha incorporado al mercado con la misma rapidez de los automóviles. Para tratar de solucionarlo, la Unión Europea ha cambiado las reglas para la recarga de coches, algo que afectará a 11 millones de coches y 950.000 puntos de carga.
El último informe denominado State of Industry 2025, difundido por ChargeUP Europe, ha expuesto que ya son hasta 11 millones de coches eléctricos los que transitan por las carreteras europeas, y aunque constituye un volumen todavía discreto, mantiene altas expectativas de progreso, de hasta tres millones antes de que culmine 2025.
La evolución reportada representa un crecimiento considerable y comienza a estar vinculado con el aumento de puestos de recarga pública, que actualmente llegan a 950.000 distribuidos por todo el Viejo Continente.
El último desarrollo plasma una subida del 39 % en comparación con el año 2024, sin dejar de lado que la potencia media instalada por coche eléctrico ya cuadruplica los mínimos exigidos por la normativa europea AFIR.
Se trata de la regulación de la infraestructura para combustibles alternativos, un refuerzo técnico especialmente visible en cargadores rápidos y ultrarrápidos en contextos urbanos, que está permitiendo que el desarrollo de la red progrese junto con la expansión del parque eléctrico.
De esta manera, el Reglamento Europeo de Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR), firmado en abril de 2024, obliga a los puntos de recarga eléctrica a incluir sistemas de pago accesibles, al tiempo que deben asegurar elevados niveles de disponibilidad y transparencia.
Este nuevo contexto transforma la conectividad en un valor esencial para cumplir con las condiciones técnicas, regulatorias y de seguridad. En esta línea, la normativa AFIR no es la única que puede incidir sobre los puntos de carga.
Desde la UE pretenden que los dispositivos de pago estén especialmente diseñados y protegidos para evitar posibles ciberataques; y además, debe asegurarse la integridad de las redes conectadas y proteger la intimidad de los conductores.
Así las cosas, la nueva normativa vislumbra aspectos clave como pasos a seguir para ejecutar el óptimo funcionamiento de la red de carga pública en Europa, y enfatiza que todos los puntos de recarga de acceso público de más de 50 kWh tienen la obligación de incluir una alternativa de pago de uso universal sin necesidad de suscripción, como un lector de tarjetas.
Por otro lado, se les debe otorgar a los consumidores datos transparentes con medios electrónicos acerca de los precios, disponibilidad y aspectos técnicos del cargador.
