La industria del coche eléctrico reclama ayudas directas, menos burocracia y una red de carga estable

La industria del coche eléctrico reclama ayudas directas, menos burocracia y una red de carga estable

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han presentado a los distintos grupos políticos una propuesta conjunta que recoge una serie de compromisos destinados a impulsar la movilidad eléctrica hasta 2030.

 

La primera petición del sector es acabar con la incertidumbre en la conexión a red, por lo que las tres entidades han reclamado a los partidos mapas digitales de capacidad eléctrica transparentes y actualizados, además de integrar la movilidad eléctrica en la planificación de las redes, anticipando refuerzos allí donde la demanda futura esté acreditada.

En paralelo, proponen agilizar la tramitación con una declaración responsable homogénea en todo el país, una ventanilla única digital con acceso al catastro, silencio administrativo positivo y energización provisional mientras se completa el expediente, para que ninguna estación quede construida, pero sin suministro.

El documento remitido a los grupos políticos recoge el compromiso de garantizar al usuario transparencia tarifaria conforme a AFIR, facturas que desglosen energía, aparcamiento y penalizaciones por ocupación, interoperabilidad y datos abiertos, y además propone fijar una disponibilidad mínima anual del 98 % por punto de recarga, que excluya causas ajenas al operador como los retrasos de la distribuidora, el robo de cableado o el vandalismo.

El documento plantea además que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un cargador rápido; un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para hogares, comunidades, empresas y vía pública; y una red de alta potencia en corredores logísticos, depósitos y aparcamientos para el transporte pesado.

Para activar la demanda, las asociaciones piden ayudas a la compra sin anticipos, con descuento directo en el punto de venta cuando sea jurídicamente viable; continuidad y simplificación de las deducciones fiscales, una revisión de la fiscalidad del vehículo de empresa y una compra pública basada en el coste total de propiedad.

Completan la propuesta una mesa interministerial permanente con participación de Aedive, AORU y AUVE, y un cuadro de mando trimestral oficial que mida, entre otros indicadores, los puntos de recarga realmente operativos y los tiempos medios de conexión a red.

Las tres principales asociaciones del sector han subrayado que incorporar estos compromisos a las políticas públicas garantizaría la estabilidad regulatoria, protegería las inversiones realizadas y consolidaría la transición de España hacia una economía descarbonizada, reindustrializada y líder en movilidad sostenible.

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