La inminente llegada del coche eléctrico decretada por la Unión Europea y la compleja transición que supondrá debido a las severas normativas de emisiones están retrasando ostensiblemente la renovación del parque automovilístico español, al tiempo que la normativa Euro 7 de emisiones, encarecerá los coches en 2.000 euros adicionales.
Por estos motivos, desde Faconauto, la patronal de los concesionarios, han solicitado al Gobierno que se oponga a la aprobación de esta norma Euro 7 que se está discutiendo en Europa, al tiempo que reclama el respaldo de los partidos políticos para impulsar un marco regulatorio “razonable” para los concesionarios, tal y como está ocurriendo en Italia y Francia.
Así las cosas, la clase media de nuestro país se estaría quedando fuera de la transformación que está experimentando la movilidad en todo el mundo, ha advertido el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, quien cree que la aceleración artificial del proceso de descarbonización que se está impulsando desde la Unión Europea, corre el riesgode polarizar el mercado de la automoción, con una minoría que sí podrá acceder a las nuevas tecnologías y otra mayoría que, por renta, tendrá que conformarse con seguir conduciendo vehículos viejos y contaminantes.
En este sentido, Pérez ha señalado que "se trata de una transición que casi nadie entiende, porque Europa es el único mercado del mundo en el que se está eligiendo la prohibición y no la elección de los compradores para impulsar el vehículo eléctrico”, al tiempo que considera que, si finalmente saliera adelante esta nueva norma Euro 7, prevista para 2025, la polarización de la movilidad irá mucho más allá, reduciendo ostensiblemente el mercado de la automoción en nuestro país.
De esta forma, el responsable de la organización ha asegurado que se acentuará el retraso que nuestro país ya arrastra para cumplir los objetivos de electrificación, algo que debilitará aún más un sector esencial para la actividad económica y el empleo. Por ello, ha reclamado que el Gobierno se oponga a la aprobación de la norma Euro 7 y que aclare si dentro del modelo de movilidad para el que está legislando de cara al futuro, se incluye o no el vehículo privado.
Para que no haya una movilidad de “dos velocidades” en España, Faconauto considera esencial que las familias sean ayudadas en esta transición mediante medidas que considera “urgentes”, tales como un Plan Moves que sea percibido como una ayuda directa a la adquisición del vehículo eléctrico, con la reducción del plazo de pago al comprador, y apostar en paralelo, por un plan de descarbonización basado en la neutralidad tecnológica, además de despejar el embrollo burocrático que supone instalar un punto de recarga y a articular una fiscalidad que haga más atractiva de cara a ciudadanos y empresas la movilidad electrificada.
Por otra parte, Faconauto ha llamado la atención sobre la tentación que algunos fabricantes de desdibujar el papel de los concesionarios con una apuesta por ir hacia un modelo distribución basado en el contrato de agencia. En este sentido, ha indicado que “la distribución de vehículos basada en el contrato de agencia sólo es una estrategia por parte de algunos fabricantes para reducir sus costes, dejando a un lado el valor añadido que aporta el concesionario. El contrato de agencia convierte a los concesionarios en simples entregadores de vehículos y dilapida nuestro fondo de comercio. Tenemos que reivindicar sin complejos el actual modelo de distribución como el más eficaz, el que más riqueza crea, el que proporciona una mejor experiencia para el cliente y el que nos permitirá cumplir con los objetivos de descarbonización que nos plantea la UE”.
Por todo ello, el presidente de la patronal ha pedido el respaldo de los partidos políticos para impulsar un marco regulatorio “razonable” que ampare al tejido empresarial de los concesionarios, tal y como acaba de suceder en Italia o como el que se está gestando en Francia.