La Unión Europea, a través de la Comisión Europea, pretende legislar sobre un cambio en el ámbito de la movilidad, en relación con los coches de cero emisiones, lo que supondría imponer de facto los coches eléctricos en detrimento de los de combustión a partir del año 2035.

Al mismo tiempo, el órgano rector del viejo continente quiere potenciar los objetivos de generación de electricidad a través de las energías renovables, con el fin de alinear su economía con los objetivos más ambiciosos relacionados con el cambio climático.

En el borrador de esta Ley, la Comisión Europea planea exigir que las emisiones de los coches nuevos y furgonetas se reduzcan en un 65 % a partir de 2030 y pasen a ser cero a partir de 2035, un endurecimiento de las normas de contaminación que se complementará con normas que obligarán a los gobiernos nacionales a reforzar la infraestructura de recarga de los vehículos.

De esta manera, la UE no prohibirá los coches de gasolina o diésel, ni tampoco su venta, pero sí hará que sean inviables comercialmente hablando para los fabricantes, ya que si un fabricante tiene que reducir las emisiones de los coches que vende en un 65 % en 2030 y tener una neutralidad carbono en 2035, bajo amenaza de una multa astronómica, a ese fabricante no le quedará más remedio que vender coches eléctricos, ya sean de batería o de hidrógeno.

Además, para asegurarse de que los automovilistas no se aferran a sus coches con motor de combustión interna, la UE propondrá reforzar y ampliar su mercado del carbono, revisar las normas de fiscalidad de la energía para desincentivar el uso de combustibles fósiles e imponer la primera tasa climática del mundo a determinados bienes de gran intensidad de emisiones introducidos en la región.

El mercado del carbono es lo que permite a una empresa emitir más CO2 de lo que debería según las normas porque ha comprado el derecho de emitir a una empresa que sí cumplía de sobra con la norma.

En cuanto a la desincentivación del uso de combustibles fósiles, se trata de un proceso que pasa por una mayor fiscalidad sobre todos los combustibles fósiles, aunque queda por ver cómo se aplicará esta mayor imposición.

Además, para facilitar el despliegue masivo de coches eléctricos, un reglamento sobre combustibles alternativos exigirá a los Estados miembros que garanticen la instalación de puntos de recarga eléctrica cada 60 km en las principales carreteras, mientras que los puntos de recarga de hidrógeno tendrán que estar disponibles con un intervalo máximo de 150 kms.

Este paquete de medidas también incluirá una propuesta para aumentar la proporción de energía renovable en el bloque hasta el 40 % desde el 32 % actual para finales de esta década. De esta manera, la ley de energías renovables revisada fijará objetivos para el uso de combustibles sostenibles en el transporte, la calefacción y la refrigeración, los edificios y la industria.