El Gobierno ha presentado el Perte del coche eléctrico y conectado, el denominado Perte VEC, que prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros, un proyecto que supondrá una inyección pública de 4.295 millones de euros, financiados principalmente mediante el mecanismo europeo Next Generation.

Esta cantidad se destinarán a actuaciones en toda la cadena de valor de la automoción, desde la investigación, el desarrollo, el ensamblaje o la fabricación de baterías, además de la extracción de las materias necesarias, con el objetivo de convertir a España en un 'hub' europeo de electromovilidad.

«Es una inyección gigantesca de recursos públicos porque gigantesca y formidable es la transformación del sector de la automoción», ha asegurado Pedro Sánchez, que ha avanzado, que este plan permitirá movilizar otros 19.000 millones de euros de inversión privada, lo que elevaría la cuantía total al entorno de los 24.000 millones entre 2021 y 2023.

Esto permitiría elevar el peso de la automoción en el PIB del 10 % actual al 15 % en 2030, «siendo uno de los mayores proyectos no de España, sino de Europa, de las últimas décadas», ha asegurado Sánchez.

La cuantía de la inversión pública se divide en 2.975 millones de euros para una línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos y conectados, gestionada directamente por Industria; 100 millones de euros para un programas de espacios de datos sectoriales y 45 millones de euros para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en las cadenas de valor.

Incluye asimismo una partida de 1.100 millones de euros para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga -abarca los 800 millones de euros ya anunciados para el Plan Moves III y otros 300 para el futuro Moves Singulares, 14 millones para el despliegue de redes 5G y otros 21 millones para el impulso de la formación profesional en el sector.

Además, el Ejecutivo aprobará un plan tecnológico de automoción sostenible del CDTI, dotado con cuarenta millones de euros, y se ha avanzado la creación de un órgano supervisor, la Alianza para el vehículo eléctrico y conectado, que tendrá al frente «a una persona de reconocido prestigio» y tendrá como función esencial «el impulso y la promoción del vehículo eléctrico y conectado».

El Perte tendrá asimismo una vertiente en el ámbito de la formación, dado que todos los proyectos harán hincapié en la adquisición de nuevas capacidades digitales, con especial enfoque en los jóvenes.

Según las estimaciones del Ejecutivo, el Perte tendrá un impacto en el PIB superior a los 18.000 millones de euros, y permitirá crear más de 170.000 empleos. De ellos, entre 68.000 y 141.000 serían en la producción de vehículos, otros 100.000 en el ámbito de la producción e instalación de puntos de recarga, la adquisición y distribución de vehículos limpios y el hidrógeno verde.

Se trata de un proyecto que ha sido bien acogido por los representantes del sector del automóvil, ya que «da un mensaje muy positivo», según la presidenta de Sernauto, la patronal de empresas productoras de componentes, que ha destacado «la oportunidad que supone para transformar la movilidad de forma beneficiosa para todos».

Por su parte, Adriano Monés, presidente de Aedive, ha recordado los retos de España en materia de puntos de recarga y la necesidad de que lleguen «grandes proyectos entorno a la producción de baterías». En el acto también ha participado Pedro Mier, presidente de la patronal tecnológica Ametic, que ha asegurado que la microelectrónica y las tecnologías TIC «están en el núcleo de la revolución del sector de la automoción».

En este sentido José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal automovilística Anfac, agradeció personalmente a Reyes Maroto su compromiso, y ha asegurado que «el automóvil se está convirtiendo en un auténtico ordenador con ruedas», al tiempo que valoraba que «bien utilizado» va a ser «una herramienta que va impulsar esa transformación en la que la industria ya está trabajando».

Tras la aprobación del Perte, como marca el Real Decreto Ley 36/2020, se abrirá un registro de empresas interesadas, paso previo a la publicación de la convocatoria de las ayudas. En la manifestación de interés se fija, además del liderazgo de una empresa vertebradora, un número mínimo adicional de cinco participantes y al menos, 40 % de pymes.