La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado ante el pleno de la Eurocámara, en Estrasburgo, que Bruselas iniciará una investigación contra Pekín por las «ayudas ilegales» que concede a la producción de vehículos eléctricos y que considera una «práctica desleal».

En este sentido, la política alemana ha puesto en valor la competencia con la economía china y la necesidad de Europa de «desengancharse» del gigante asiático, aspectos que han resultado centrales en el discurso del Estado de la Unión que ha pronunciado ante la Eurocámara.

Así las cosas, se espera que este sea uno de los temas que trate el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, en su viaje de la próxima semana al país, teniendo en cuenta que el programa de subsidios chino ofrece exenciones fiscales por valor de unos 72.000 millones a los consumidores que adquieran vehículos eléctricos hasta 2027.

En la práctica, esto provoca que el precio de los coches eléctricos chinos se mantenga más bajo «artificialmente» gracias a estas ayudas, motivo por el que Von der Leyen ha destacado ante el hemiciclo que la industria automovilística es clave para economías como la alemana, así como el «gran potencial« que ofrece la producción de vehículos limpios para Europa.

De esta manera, la líder europea ha asegurado que Europa «está abierta a la competencia», pero no a prácticas desleales que «están distorsionando el mercado».

Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Bruselas ha defendido la necesidad de «reducir riesgos» y «eliminar dependencias externas», en particular en la importación de materias primas críticas de China.

Europa también mira con preocupación el mercado estadounidense, después del anuncio de ayudas estatales por valor de 349.000 millones de euros al desarrollo de tecnologías verdes.

En este marco, la presidenta del Ejecutivo comunitario mantuvo una reunión con el presidente Joe Biden para abordar esta cuestión y lograr un acuerdo para el suministro de litio y níquel a Europa, claves para la industria verde. Además, pactaron que los vehículos eléctricos europeos podrán recibir unos 7.000 euros en ayudas impositivas, pero que para ello deberán ensamblarse en en Estados Unidos y la mitad de los componentes de sus baterías deberán ser locales.