Europa mejora el derecho a reparar y amplia la garantía un año para los coches eléctricos

Europa mejora el derecho a reparar y amplia la garantía un año para los coches eléctricos

El Parlamento Europeo ha aprobado reforzar el derecho a reparar de los consumidores, facilitando el arreglo a un precio más asequible, y además. la garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más. Se trata de una norma que a pesar de ser de ámbito general, afecta directamente al ámbito de los coches eléctricos.

 

Según la Comisión Europea, los consumidores pierden alrededor de 12.000 millones de euros al año con la eliminación prematura de bienes de consumo, algo que produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, consume 30 millones de toneladas de recursos y genera 35 millones de toneladas de residuos en la UE cada año.

Uno de los bienes que más problemas puede dar en este sentido es el coche eléctrico, ya que se calcula que para 2030 habrá cerca de 147.000 baterías que necesitarán repararse o reciclarse, de modo que a pesar de que la legislación cada vez es más dura y se aprueban fondos para incentivar nuevos diseños de baterías en módulos extraíbles, continuamos viendo facturas de más de 22.000 euros para reparar un paquete de baterías, hasta tal punto que resulta más rentable desguazar el coche.

Así las cosas, la nueva normativa garantizará, en teoría, que los fabricantes presten servicios de reparación rentables e informen a los consumidores sobre su derecho a la reparación. Además, la garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más gracias a su garantía de calidad.

Según ha explicado el eurodiputado René Repasi tras la votación, de esta manera, "reparar será más fácil y más barato que comprar artículos nuevos y caros. [...]. La nueva legislación extiende la garantía legal en 12 meses si se opta por la reparación, facilita el acceso a las piezas de repuesto y garantiza arreglos más sencillos, baratos y rápidos".

Una vez expirada la garantía legal, el fabricante seguirá obligado a reparar productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la UE, tales como como lavadoras, aspiradoras e incluso teléfonos inteligentes, pero la lista de categorías de productos podrá ampliarse en el futuro.

Los consumidores, explica el Parlamento, también podrán pedir prestado un dispositivo mientras el suyo está siendo reparado u optar por una unidad reacondicionada como alternativa si la reparación no es posible.

En cualquier caso, habrá que esperar para conocer la lista definitiva de productos y cómo marcas como Tesla o Apple se adaptan en Europa a esta normativa, ya que no se podrá impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes.

Un formulario europeo de información ayudará a los consumidores a evaluar y comparar los servicios de reparación, y para facilitar la reparación, se creará una plataforma europea en línea con secciones nacionales para ayudar a los consumidores a encontrar fácilmente talleres de reparación locales, vendedores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o iniciativas de reparación comunitarias, como los cafés de reparación.

Además, los fabricantes tendrán que poner a disposición de éstos piezas de recambio y herramientas a un precio razonable y tendrán prohibido recurrir a cláusulas contractuales y a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes.

En concreto, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros.

Por otra parte, con el fin de que las reparaciones sean más asequibles, cada Estado miembro tendrá que aplicar al menos una medida para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, llevar a cabo campañas de información, ofrecer cursos de reparación o apoyar espacios de reparación comunitarios.

Una vez que Consejo adopte formalmente la directiva y se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporarla a la legislación nacional.

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