La Asociación de fabricantes de vehículos y camiones (Anfac) y la de concesionarios (Faconauto) han propuesto la creación de una compleja estructura de puntos de recarga públicos para coches eléctricos e híbridos enchufables, con el objetivo de impulsar el mercado y facilitar a los conductores el uso de este tipo de vehículos.

Según los datos que manejan ambas organizaciones, es necesario multiplicar por 30 los 11.517 puntos de recarga con los que cuenta España en la actualidad hasta conseguir los 340.000 que debería haber en 2030. Para ello, es necesario invertir unos 5.500 millones de euros.

Según el "Barómetro de Electromovilidad" de Anfac correspondiente al primer trimestre de 2021, España se ubica a la cola de Europa en cuanto a presencia de vehículos electrificados y en la instalación de puntos de recarga. Además, en el último informe de electromovilidad de ACEA, se muestra cómo el desarrollo de los puntos de recarga en países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia van equilibrados respecto al territorio, mientras que en España no sucede así.

De esta manera, España representa el 12 % del territorio europeo, pero solo tiene el 3 % de la recarga, mientras que Italia representa el 7 % del territorio y ha instalado ya el 6 % de los puntos de recarga. Por su parte, Francia, con el 14 % del territorio europeo, representa el 21 % de los puntos.

Con el doble objetivo de impulsar el mercado de los coches eléctricos, para alcanzar el parque de tres millones de turismos que exige para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y de mejorar las infraestructuras existentes en la actualidad, Anfac y Faconauto han elaborado una propuesta detallada que han denominado “Mapa de despliegue de puntos de recarga de acceso público para vehículos electrificados”.

Para crear este mapa, han desarrollado una metodología que permite planificar y monitorear, cada año y a nivel tanto cuantitativo como cualitativo, el desarrollo de una infraestructura de recarga de acceso público necesaria a nivel nacional, dividida por comunidades autónomas, provincias y principales corredores por nivel de intensidad media de transporte.

Para establecer el indicador sobre los puntos necesarios y su distribución a lo largo de todo el territorio, se ha partido de datos como la previsión de cuota de parque de vehículos electrificados, tanto turismoscomo comerciales ligeros, en cada provincia hasta 2030, la cuota de población motorizable en cada provincia y la cuota de PIB por provincias.

Además, para saber dónde se han de instalar los puntos de recarga y distribuirlos por provincia se han basado en tres ratios: un punto de más de 50 kW por cada 100 vehículos eléctricos puros; uno de más de 150 kW y otro más de 250 kW por cada 1.000 vehículos eléctricos puros.

A este análisis, Anfac y Faconauto añaden un estudio de la necesidad de infraestructura de alta potencia en los principales corredores de nuestra red de carreteras. Para este estudio, se han tenido en cuenta las intensidades medias diarias por tramo de vía y provincia, una distribución mínima de un punto de más de 250 kW por cada 100 km de vía, la cuota de vehículos eléctricos puros sobre el total del parque de vehículos en cada provincia y que el tiempo de espera para recargar no sea superior al de un vehículo que ya esté cargando.

Teniendo en cuenta que la cuota de mercado actual es del 2 % para los turismos eléctricos y un 4,2 % para los turismos híbridos enchufables, estas organizaciones reclaman un impulso adicional de las infraestructuras públicas de recarga, al considerar que este aspecto es fundamental para despejar posibles dudas a los compradores que se plantean comprar un coche electrificado.

En este sentido, Anfac y Faconauto han explicado que es prioritario que el Gobierno establezca una hoja de ruta con objetivos vinculantes y basada en una metodología consensuada. Así las cosas, solicitan por una parte “un órgano de gobernanza auspiciado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permita coordinar y monitorear este despliegue”, y por otra, el desarrollo de medidas urgentes y habilitantes que hagan frente “a las trabas administrativas y barreras regulatorias para la puesta en marcha de un punto de recarga”.