Una reclamación habitual de la industria automovilística que el Congreso de los Diputados ha sido enterrada definitivamente después de que la mayoría de la Cámara haya convalidado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que entre otras medidas contempla la eliminación de la figura del gestor de carga.

El texto, que ha sido respaldado por 278 votos a favor, 2 votos en contra y 160 abstenciones, supondrá el final definitivo de una iniciativa que, aunque buscaba fomentar el surgimiento de puntos de recarga en nuestro país, en la práctica era tan restrictiva que los limitaba.

Esta figura, aprobada en 2011 en el marco de la Ley del Sector Eléctrico, obliga a aquel que quisiera vender electricidad a darse de alta como tal. Ello implicaba que, si por ejemplo, un supermercado quiere ofrecer energía a sus clientes mientras hacen la compra, tuviera que constituirse también como empresa habilitada para la venta de electricidad.

En el texto legal se incide en que «se ha revelado como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad», al tiempo que se destaca que «esta supresión no supondrá en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento de la actividad por las Administraciones».

El Real-Decreto contempla que la ubicación de las instalaciones de recarga «esté disponible a través de medios electrónicos para todos los ciudadanos y se integrará en el futuro en el punto de acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea, creando una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los puntos de recarga públicos». Junto con la ineficiencia de los planes de ayuda desarrollados hasta ahora, irregulares y muy espaciados en el tiempo, la eliminación de la figura del gestor de carga era una reclamación histórica del sector.

Respecto a la intermitencia de los planes de ayuda, el Ejecutivo tiene previsto destinar unos 200 millones de euros para impulsar la compra de eléctricos e híbridos, en el marco del denominado Plan Renove 2020, una cantidad que procederá de la subida impositiva al diésel, cuyo nivel de gravámen se equiparará al litro de gasolina.

La medida procede del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos, en un pacto que contempla destinar «al menos el 30 %» de lo recaudado por este alza a un plan de ayudas económicas «estables e ininterrumpidas hasta el año 2020». Una subida que tendrá un impacto total de 670 millones de euros, y supondrá un incremento medio del precio del depósito de 3,3 euros para el usuario medio, según cálculos del Ministerio de Hacienda.