Australia no llegó a tener el 1 % de coches eléctricos nuevos frente a los de combustión en el mercado durante el año 2020, y una de las principales causas está en los incentivos gubernamentales para aumentar la venta de coches eléctricos, que en el caso del gobierno federal australiano, es nulo.

En Australia, el primer ministro Scott Morrison, basó su campaña electoral en 2019 en un ataque a los coches eléctricos, ya que la oposición presentó un plan para promover estos vehículos. Apoyado por el conglomerado de noticias de News Corp, que monopoliza gran parte de la prensa australiana, convenció a los australianos de que los coches eléctricos no se adaptan a las necesidades australianas, como, por ejemplo, remolcar lanchas o realizar trayectos largos. Aún hoy, el Gobierno federal australiano continúa promoviendo los combustibles fósiles en vez de alentar las energías renovables.

Un buen ejemplo de esta política fue protagonizada recientemente por el ministro de Energía y de Reducción de Emisiones, Angus Taylor, que aprobó el uso de 2.000 millones de dólares australianos (1.270 millones de euros) para mantener abiertas las últimas dos refinerías de petróleo australianas, ya que no son competitivas con las grandes refinerías del sudeste asiático. Con la excusa de reducir la dependencia del combustible que viene del exterior, el gobierno subvencionará a las refinerías de Ampol Lytton y Viva Geelong para que continúen abiertas a pesar de ser deficitarias.

Sin embargo, la mayoría del combustible es importado desde Singapur, Japón y otros puertos del sudeste asiático, ya que la producción local no es suficiente para cubrir la demanda australiana.

Así las cosas, en vez de promover la electrificación del transporte, que eliminaría de raíz la dependencia de combustible externo, ya que Australia posee el 46% de las reservas mundiales de uranio, 6 % de carbón y 2 % de gas, pero solo el 0,3 % de petróleo, sin contar con el enorme potencial de la generación solar y de viento, el Gobierno continúa apoyando las empresas de combustible fósiles.

Por otra parte, Australia se arriesga a ser el vertedero de coches contaminantes a nivel mundial, ya que la mayoría de las empresas de automoción no ofrecen sus vehículos eléctricos en Australia debido a esta política federal.

Pero no solo a nivel federal hay oposición a la electrificación del transporte. En Victoria, donde el partido gobernante es el opositor al Gobierno, se ha aprobado una ley para grabar el uso de coches eléctricos por kilómetro conducido, de forma que desde el 1 de Julio de 2021, los conductores de coches eléctricos matriculados en Victoria deberán pagar 2.5 centavos de dólar australiano por km, con la excusa de la necesidad de contribuir en el mantenimiento de las rutas.

Lo más interesante es que el actual impuesto al combustible no es estatal, sino federal. Y este impuesto no es directamente aplicado al mantenimiento de las rutas.

De esta manera, Australia está perdiendo la oportunidad histórica de reconstruir la industria automotriz (actualmente inexistente en el continente), mejorar la mano de obra, convertirse en líder de la investigación en baterías (la mayoría de los componentes provienen de minas australianas) y, por si esto fuera poco, mejorar el aire y reducir el ruido en las calles a la vez de luchar contra los efectos del cambio climático.