Portugal está a la cabeza de Europa en porcentaje de vehículos eléctricos vendidos, solo superado por Noruega y Suecia, y parece que a esta expansión lusa habría contribuido notablemente la universalización del método de pago en cualquiera de los 7.970 puntos de recarga en su red pública, repartidos por los 308 municipios del país, a la que se suman otros 900 instalados en edificios o empresas que se adhieren a este sistema universal denominado MOBI.E.

De esta manera, los usuarios solo necesitan de un contrato con un comercializador de energía de movilidad eléctrica y de una tarjeta o una app para llenar la batería de su auto eléctrico.

Hay 94 operadores de recarga y múltiples aplicaciones, pero la administración ha logrado crear un mercado único al proporcionar una red pública, gestionada por los operadores privados, evitando que sea una suma de compartimentos estancos.

En este sentido, Luís Barroso, presidente de MOBI.E, la empresa pública que diseñó este universo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha explicado que “desde el principio pensamos en idear el modelo para proporcionar el mejor sistema al usuario”, al tiempo que recordaba que los pasos iniciales se dieron en 2011, cuando el parque eléctrico no llegaba a los 1.400 vehículos en todo el país, con la elaboración de los primeros proyectos, abandonados poco después durante la intervención de Portugal por instituciones internacionales tras la petición de un rescate financiero de 78.000 millones de euros.

La Comisión Europea, trata ahora de acelerar la transición energética por el continente, pero entonces el recorte sin miramientos del gasto público se llevó por delante las intenciones lusas de avanzar hacia la descarbonización de la movilidad. En 2015, ya libres de la troika, se creo la empresa pública MOBI.E con el objetivo ser la Entidad Gestora de la Red de Movilidad Eléctrica de Portugal (EGME), responsable de toda la red de estaciones de carga pública.

Tras un proyecto piloto en 25 municipios, el Gobierno le encargó a continuación que extendiese la red a todas las poblaciones para garantizar, como mínimo, un puesto en cada una. En la actualidad, el 37 % de los 4.500 puestos son de carga rápida (entre 60 y 90 minutos) o ultrarrápida (menos de una hora).

A partir de 2020, cuando se habían alcanzado los 850 puestos de recarga, MOBI.E privatizó la red con concesiones a operadores, momento en que la recarga dejó de ser gratuita. “Lo que nosotros hicimos fue crear un mercado de movilidad eléctrica y luego pasarlo al sector privado”, ha explica Luís Barroso, quien ha añadido que la estructura diseñada es “más compleja” que en otros países y diferencia la función del vendedor de energía de la del gestor del puesto de recarga.

Así las cosas, según cuenta un amplio reportaje publicado por el diario El País, MOBI.E ideó una plataforma única que lee los consumos de energía en cada punto y los comunica al mercado eléctrico, de forma que se puede diferenciar el consumo de la movilidad eléctrica.

Estos datos, según Barroso, hicieron atractivo el mercado para las empresas privadas, que apoyaron la expansión de la red, de manera que ahora mismo hay 23 comercializadoras de energía, 94 operadoras de recarga y un parque con 228.140 vehículos eléctricos (casi el 92 % de ellos son coches).

La red, además, ha logrado entrar en los espacios privados al facilitar la medición de los consumos particulares en las recargas en puntos instalados en empresas o edificios. “Esto permite por ejemplo que un hotel ofrezca puntos de recarga a sus clientes pero que sean ellos quienes paguen su abastecimiento”, ha explicado Barroso.

Además de incentivar la compra de coches eléctricos con la gratuidad de la recarga entre 2016 y 2020, la empresa pública diseñó un sistema común que evita la fragmentación. Barroso recuerda que se inspiraron en otro modelo de éxito impulsado en el país: la red Multibanco, un cajero universal donde se puede sacar dinero o pagar facturas con independencia de la entidad financiera de cada usuario.

La implantación de la red pública de recarga de vehículos eléctricos ligeros ha sido desigual en la Unión Europea. Uno de los objetivos de este reglamento es tratar de reconducir la heterogeneidad para facilitar la conectividad entre países. “Ahora mismo no hay una articulación entre mercados”, lamenta el presidente de MOBI.E.

La red española, que está formada por unas 80 empresas entre operadores de recarga y proveedores de servicios de recarga, funciona de forma bastante diferente. En este sentido, Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha explicado que “lo que sucede en Portugal es que se obliga a los operadores a que tengan que integrar sus puntos de carga pública en MOBI.E y cuando accedes a una de las apps de cualquier CPO, tienes disponibles todos los puntos de carga públicos, con independencia del operador”, para añadir que “en España no existe esa figura que a nivel estatal obligue a dicha interoperabilidad, porque, aunque la generación de electricidad está regulada por el Estado, es una actividad liberalizada en la que cualquier persona o empresa puede generar electricidad, verterla a la red y venderla”.

Así las cosas, según Pérez de Lucia, “en España y en el resto de Europa, lo que existen son plataformas de interoperabilidad que, mediante acuerdos con operadores de recarga, ofrecen una red muy amplia de puntos de carga gestionables desde una misma app y por otro lado, los operadores de puntos de carga cierran acuerdos directos entre ellos con el mismo fin”.