La industria española de automoción se ha lamentado de que las ventas de coches eléctricos en nuestro país sean inferiores a la media europea, y la mitad que países como Alemania, por lo que ha demandado al Gobierno una serie de medidas urgentes que se aplicarían desde este año y hasta 2025.

En este sentido, Wayne Griffiths, presidente de ANFAC ha advertido que «sin estas medidas, ni se lograrán los objetivos de reducción de emisiones, ni se garantizará el futuro industrial de la automoción española», al tiempo que defendía que «no pueden ser medidas cosméticas, sino transformadoras y de calado. Y tenemos que empezar ya».

Se trata, por un lado, de llevar el mercado más de 1,2 millones de unidades anuales, mientras se reduce la edad media de los turismos, que ya está en los 14 años, con su impacto en la contaminación o la Seguridad Vial; y por otro lado, de impulsar las ventas de coches eléctricos, que deberían llegar a los 372.000 vehículos a mediados de la década para cumplir los objetivos Fit for 55.

En este sentido, los fabricantes piden que la ayuda del Moves III se cobre directamente, no pasado varios meses; que no tenga que tributar en el IRPF; y que se acabe con las listas de espera.

Además, plantean varias mejoras fiscales para las empresas por la adquisición y uso de estos automóviles, como una reforma integral de la fiscalidad del automóvil que el Ejecutivo de Sánchez prometió en 2020, y pretenden sentar ya las bases para negociarla en 2024.

En este contexto, preocupa a los fabricantes el lento desarrollo de la red de recarga, que habría que multiplicar por cinco en tres años, hasta los 91.000 postes, priorizando los superrápidos (de 150 kW de potencia o más).

Según José López-Tafall, director general de ANFAC, Alemania destinará 2.000 millones en ayudas para este tipo de actuaciones y Bruselas lo ha autorizado. En su opinión, «una iniciativa similar se podría usar para el desarrollo rural de esa red» en España.

La negociación con la Unión Europea será clave para lograr una de las peticiones de las marcas: extender hasta 2028 el plazo para ejecutar las inversiones de los proyectos que opten a la segunda convocatoria del PRTE VEC. Industria deslizó finales de 2026 como tope, 18 meses más que hasta ahora, pero incluso esa fecha «es demasiado pronto» para algunos proyectos, ha explicado Griffiths.

Los fondos procedentes de Bruselas y que nutren el PERTE no serían los únicos que reciban los nuevos proyectos de los fabricantes. De hecho, los millones de euros prometidos por Cataluña y Valencia fueron claves para que se construya la planta de baterías de Sagunto... y el presidente de ANFAC las defendió, afirmando que «hay que buscar una solución para que los fabricantes hagan sus inversiones aquí. Y si las ayudas regionales lo facilitan, pues perfecto, porque también tienen que estar sujetas a la aprobación de la UE».