Comunidades Autónomas y ayuntamientos de toda España mantienen atascados alrededor de 8.000 puntos de recarga a la espera de la concesión de los correspondientes permisos, un volumen de solicitudes que supone entre el 35 y el 40 % del total de puntos instalados en el país.

En la actualidad, España ha desplegado, según fuentes del sector, entre 17.000 y 20.000 puntos de carga públicos, una cifra que queda lejos del objetivo que fijó el Gobierno para finales de este año 2022, cuando se debían alcanzar las 45.000 instalaciones.

Así las cosas, el grupo de trabajo para la infraestructura de carga del vehículo eléctrico impulsado por el IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en el que participan asociaciones como Anfac, AEDIVE o Seopan, han denunciado el ritmo extremadamente lento al que avanza el proyecto de despliegue.

De esta manera, según recoge el diario El Mundo, el clamor por una simplificación administrativa llega desde todos los frentes, desde la industria hasta los agentes sociales, que exigen al Gobierno agilidad para retener miles de empleos en el sector ante el declive del coche de combustión.

Los datos difundidos por estas organizaciones asegura que, con todos los permisos en la mano, los operadores tardan apenas una semana en poner en marcha el punto de recarga, un tiempo similar al que se demoran las distribuidoras eléctricas en conectar a la red la instalación.

El problema está en los plazos para la obtención de autorizaciones. Por un lado están las exigidas para la propia construcción de la infraestructura, y por otro el permiso para conectar el punto a la red, de forma que, en función de los organismos que deban dar su luz verde en cada instalación, los tiempos de las administraciones oscilan entre una semana y dos años.

A través del Real Decreto 29/2021, en vigor desde diciembre del año pasado, el Gobierno ya adoptó medidas de urgencia para resolver la maraña burocrática que ralentizaba el despliegue de puntos de carga. En concreto, exigió a los ayuntamientos y otras autoridades regionales exigir a las compañías promotoras de estas infraestructuras una declaración responsable que supliría los trámites habituales de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental.

Un año después, muchos ayuntamientos aún no se ha adaptado al cambio, según convienen diversas fuentes del sector, siendo España, a día de hoy, uno de los países más retrasados de la Unión Europea en el despliegue de infraestructura, según aseguran desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que detalla que España está en el puesto 19 entre los 29 analizados.

En su propuesta, la patronal que agrupa a compañías como ACS, Ferrovial, FCC, Abertis o Sacyr, entre otras, estima un coste de 3.766 millones de euros para el despliegue de una red con estaciones cada 50 kilómetros y una red de 1.585 electrolineras con 10.710 puntos de recarga interurbanos y ultrarrápidos.

El modelo planteado por estas organizaciones no se discutió en el grupo de trabajo del Ministerio de Transición Ecológica, pero desataría una intensa actividad empresarial de cara a asegurarse un hueco en la futura infraestructura de energía y movilidad, ya que supondría para todos los interesados asociarse o competir por la explotación de la infraestructura con las compañías del sector energético que ya están presentes en el grupo de trabajo y lo lideran.