El Gobierno prepara un amplio plan para tratar de hacer frente a la contaminación de las grandes ciudades y, a la vez, impulsar el uso del vehículo eléctrico. Para ello, varios departamentos ministeriales están preparando un abanico de medidas regulatorias centradas en reducir el uso del vehículo privado en entornos urbanos del orden de un 35 % hasta el año 2030 y de los tráficos interurbanos en un 1,5 % anual.

Este paquete de medidas, que impulsará el teletrabajo, el vehículo compartido y el uso de medios no motorizados (andar, bicicleta), incluye una profunda reforma fiscal de dos de los principales impuestos a los que tienen que hacer frente los conductores: el Impuesto de Tracción Mecánica (el numerito) y el Impuesto de Matriculación. En ambos casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando cambios que penalizarán a los vehículos de combustión para acelerar la transición al coche eléctrico.

Para el Impuesto de Matriculación (IEDMT), la intención del Ejecutivo es focalizarlo en los vehículos de menor consumo, actualizando los tramos de emisiones en los que se basa el impuesto con la intención de adelantar la paridad del precio del vehículo eléctrico con el térmico, lo que implica una subida de los mismos.

Los tramos del impuesto de matriculación actuales son del 0 % para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75 % para los que tienen emisiones mayores a 120 gramos y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75 % para aquellos con emisiones superiores o iguales de 160 y menores de 200 g/km CO2; y 14,75 % para los vehículos con emisiones superiores o iguales a 200 g/km CO2.

Por el momento, el Ministerio de Industria ha dado una moratoria hasta 2021 para comenzar a calcular las emisiones en línea con el nuevo sistema de mediciones WLTP, que se impuso tras el escándalo del caso Volkswagen y que supondría un rápido incremento de los ingresos por este tipo de impuestos, ya que el resultado se incrementa notablemente al tratarse de pruebas de conducción real frente a las emisiones recogidas en laboratorio.

En lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que recaudan las entidades locales sobre la base de caballos de vapor fiscales, el Gobierno quiere reorientarlo hacia un gravamen relacionado con la emisión de contaminantes, sobre la base de la norma Euro y la etiqueta medioambiental de la DGT, penalizando a los vehículos más antiguos y, por lo tanto, generadores de más emisiones.

De hecho, la Comisión Europea está trabajando en una amplia reforma de la fiscalidad ambiental para tratar de orientarla con los compromisos de cambio climático que tiene adquiridos hacia 2050 y en esa misma línea está planteando un aumento de los mismos con las emisiones de CO2 como referente, al tiempo que se está comenzando a plantear la creación de nuevas figuras impositivas ligadas a las emisiones de NOx.

Entre las medidas que pretende implementar Pedro Sánchez figura un ambicioso plan de comunicación, centrado en facilitar información del coche eléctrico, el precio y la localización de puntos de recarga mediante todo tipo de canales, en línea con las exigencias de la normativa comunitaria que pide que se pongan carteles en los que comparar los diversos tipos de combustible para ayudar a los consumidores en su decisión de compra.

Además, prevé la puesta en marcha de programas a fondo perdido que multipliquen el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos.

Moncloa quiere impulsar la instalación de puntos de recarga eléctricos en áreas de servicio y centros de trabajo e impulsar la firma de convenios con empresas de coche compartido.

Para las estaciones de servicio, el Ejecutivo incluirá dentro de la valoración técnica de nuevos proyectos de puntos de suministro el establecimiento de puntos de carga de vehículo eléctrico y de otras fuentes alternativas. De hecho, en el borrador de la Ley de Cambio climático ya se obliga a más de 1.000 gasolineras a poner puntos de recarga con una potencia de 22 Kw, que las petroleras consideran que es irrisoria y debería ascender a más de 50 kw, como en Portugal, para que tenga sentido.