España acumula un retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos de implantación de infraestructuras de carga de coches eléctricos, un despliegue que se ha visto frenado por las trabas burocráticas. Para desatascar este tapón y allanar el camino a futuros proyectos, el Gobierno prepara cambios regulatorios adicionales a los ya aprobados en los últimos años.

Así las cosas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estaría ultimando la publicación de una Orden Ministerial por la que se simplificarán las exigencias para obtener las autorizaciones de los puntos de recarga en las vías de gran capacidad y convencionales del Estado, de manera que el titular del proyecto pueda cumplir los requisitos simplemente con una declaración responsable.

Esta norma modifica la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio, a través de la cual, el ministerio que dirige Raquel Sánchez dispone de una alternativa que permitirá una mayor agilidad en el proceso de autorización de las instalaciones de puntos de recarga.

De esta manera, se introduce la opción de presentar esta declaración responsable en la que el titular de la autorización de la instalación principal manifieste "que ostenta la titularidad de la instalación principal" y que "se muestra conforme con la actuación solicitada por el interesado, en la forma que se recoge en el contrato celebrado entre ambas partes, que se deberá adjuntar como anexo a la declaración responsable", según se recoge en el proyecto.

El documento apunta en este sentido que "mediante la alternativa incorporada se exime de la obligación de elevar el contrato a público y la acreditación de la titularidad de la instalación principal cuando ésta tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier otro caso en que ocupe el dominio público, reduciendo las cargas administrativas del procedimiento y el plazo de resolución del expediente y por tanto, impulsando el despliegue de la red de puntos de recarga eléctrica en el ámbito de la red de carreteras del Estado".

De esta forma, añade, se habilita "una vía más sencilla para que el interesado acredite que el titular de la autorización de la instalación principal ostenta esta condición y además está conforme con la actuación solicitada".

Cuando la instalación principal tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier otro caso en que ocupe el dominio público, este contrato deberá instrumentarse en documento público, una acreditación que también podrá llevarse a cabo mediante la presentación de una declaración responsable firmada por el titular de la autorización de la instalación principal o por su representant, a la que se deberá acompañar una copia del contrato privado entre las partes".

Esta modificación normativa forma parte del conjunto de reformas que establece el plan de agilización del despliegue del vehículo eléctrico incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En 2022, España tenía que haber cerrado con 45.000 puntos de recarga públicos, pero la cifra fue mucho menor, ya que apenas se lograron instalar 18.000, según fuentes del sector. Se trata, sin duda, de una cifra insuficiente para lograr los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece que para 2030 tiene que haber 5 millones de vehículos eléctricos.