Entre los principales problemas del coche eléctrico en España destaca la falta de cargadores públicos, motivo por el que desde el Gobierno pretenden, a partir de la reforma de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que algunas de las gasolineras del territorio nacional estén en la obligación de instalar puntos de carga.

Con este cambio normativo, el Gobierno pretende que las gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros anuales o con un peso relevante en el territorio, instalen obligatoriamente al menos un punto de recarga para coches eléctricos.

Estos cambios se van a llevar a cabo de diferente manera en función de las ventas que realicen la gasolineras. De esta manera, las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kW en un plazo de 21 meses desde la entrada en vigor de la citada Ley, es decir, de cara a febrero de 2023. Son más de 200 gasolineras las que están incluidas en este grupo.

Por otro lado, las estaciones de servicio con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolinas en 2019 tendrán un plazo de 27 meses desde la aprobación de la Ley, es decir, hasta agosto de 2023, para instalar al menos un punto de recarga superior a 50 kW. En este caso, son más de 800 gasolineras las que están incluidas en el grupo.

Según prevé la norma, habrá tres excepciones: instalaciones que ya dispongan de un punto de recarga con las mismas características al que deban instalar; instalaciones que no puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de calidad y seguridad industrial que sean de aplicación; e instalaciones en las que sea inviable ejecutar la acometida eléctrica necesaria para el punto de recarga.

Esta no es la primera reforma relacionada con los puntos de carga que se realiza en los últimos días, ya que también se ha visto modificada la Ley de Hidrocarburos para que las estaciones de servicio tengan libertad a la hora de instalar un punto de recarga. Se trató de una modificación de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, que hasta ahora, regulaba que los titulares de estaciones de servicio abanderadas que debían instalar un punto de recarga, podían verse obligados a incluir el servicio de recarga dentro del contrato de suministro en exclusiva. Por lo que ahora, estas gasolineras que están obligadas a instalar puntos de carga, podrán tener libre elección en cuanto al operador que quieran contratar.