La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha valorado positivamente las medidas para impulsar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos que se han aprobado en el Consejo de Ministros, sin embargo, insiste en que es necesario un plan de ayudas que fomente, a parte de la compra de vehículos electrificados, la instalación de puntos de recarga.

Desde esta organización defienden que "hay que ir más allá" y para ello han desglosado 16 medidas, divididas en cuatro categorías: de carácter institucional, dirigidas a eliminar las barreras regulatorias, de tipo económico dirigidas a incentivar la instalación y operación de los puntos de recarga de acceso público y de liberalización y protección a los consumidores.

Así las cosas, Anfac elogia la obligatoriedad de la instalación de puntos en parkings no residenciales privados para 2023 y en otros no adscritos a edificios, ya que refleja una "vocación de cumplir los objetivos" de alcanzar los 100.000 puntos para ese año; y en este sentido, valora positivamente la instalación masiva en todas las estaciones de servicio y en terrenos circundantes a las carreteras del Estado, lo que supone que no todos los puntos estén en las capitales de provincia, de modo que el vehículo electrificado "pueda cumplir la función de recorrer largas distancias con autonomía suficiente".

Las medidas que propone Anfac son las siguientes:

• Aprobación de objetivos vinculantes de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público calendarizado por años y potencias a lo largo de todo el territorio nacional.

• Reconocimiento de interés estratégico nacional para proyectos de despliegue de infraestructuras de recarga de acceso público de alta potencia (+250 kW). 

• Actuaciones para incrementar el número de puntos de recarga de acceso público interurbana a corto plazo.

• Desarrollo complementario o adicional a la declaración de utilidad pública (+250 kW).

• Incentivación del despliegue en autopistas y autovías de la Red General de Carreteras del Estado (o en otros centros de interés designados por las Administraciones Públicas).

• Transparencia de la capacidad de consumo de la red de distribución.

• Recomendaciones para que las entidades locales puedan desarrollar o simplificar el marco regulatorio para el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público.

• Fomento de la infraestructura de recarga inteligente de los vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios.

• Ayudas a la implantación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

• Exención/tipo impositivo reducido (temporal) del Impuesto Especial sobre Electricidad.

• Exención de aplicación de cargos a la electricidad destinada a su uso como carburante en puntos de recarga pública (+250 kW).

• Inclusión de los proyectos de reforzamiento de red necesarios para la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos de alta potencia (+250kW) en los planes de inversiones anuales y plurianuales de las distribuidoras eléctricas.

• Registro de puntos de recarga de acceso público.

• Interoperabilidad para el pago en los puntos de recarga de acceso público.

• Transparencia de costes en la factura del sistema de remuneración de la energía para evitar riesgos de arbitraje de precios.

• Mantenimiento de los puntos de recarga de acceso público y asguramiento de la operación.