El verano pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso al frente del Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtrive). Un año después, el desarrollo de puntos de recarga en España está estancado, y los miembros de este grupo lamentan su disolución sin haber obtenido resultado alguno.

Sobre el balance del trabajo y las recomendaciones, los diferentes especialistas que han estado presentes en las reuniones, aseguran que todo el trabajo ha quedado a medias, y se lamentan que este año, si se hubiera mantenido la legislatura, el desarrollo de los trabajos se podría haber acelerado. Sin embargo, con la convocatoria electoral, desde hace semanas todo se ha frenado, y ahora nadie sabe muy bien qué se hará con lo poco que se había avanzado.

Las fuentes consultadas estiman que había buenas intenciones cuando el año pasado se lanzó la iniciativa, sin embargo, lamentan que el resultado final ha sido insuficiente a todas luces. El mejor ejemplo es que no hay cifras oficiales sobre puntos de recarga en funcionamiento, debido a que el descontrol es absoluto.

El Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtrive) tenía, entre otras funciones, «proponer medidas para eliminar las trabas existentes, identificando al órgano competente, para acelerar ese despliegue», pero estas medidas, finalmente, no han llegado ni en tiempo ni en forma.

En este grupo han participado organizaciones como la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide); la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan); la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec); la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP); la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive); la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); la Asociación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes (Aevecar); o la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), entre otras.

De la misma manera, este grupo de trabajo debía «fijar objetivos de despliegue acompasados con la penetración de los vehículos eléctricos en el parque y alineados con el nuevo Reglamento de instalaciones de combustibles alternativos propuesto por la Comisión Europea»; sin embargo, el problema es que una cosa va de la mano de la otra, y ninguna está yendo al ritmo previsto.

Más allá de que se trate de un camino recorrido a medio gas, lo más grave es que el propio Gobierno, en el documento sobre ‘preguntas y respuestas’, pierde toda la credibilidad al dar por obligatorio leyes que no ha cumplido nadie con el propio consentimiento del Ejecutivo.

Algo que para los miembros de este grupo resulta alarmante es que para las recargas de media tensión, aquellas que superan los 100 kW de potencia, los trámites pueden llegar hasta los 22 meses desde que se inicia hasta que finalmente se despacha la energía. Desde el sector insisten en que la legislación ha ido cambiando en algunos pasos de este camino, pero no es suficiente.

Con todo, lo que más preocupa es que los problemas están identificados y son de sobra conocidos por todos los actores del mercado, pero ahora todo se para, a la espera de un nuevo Gobierno.