El millonario negocio de la movilidad es uno de los sectores más rentables de nuestra economía, y muestra de ello es que el número de gasolineras no ha parado de crecer durante la última crisis y ya supera los 11.000 establecimientos, una tarta cada vez más grande.

Sin embargo, el reto ahora es dar el salto al transporte eléctrico, un escenario en el que grandes corporaciones como Endesa, Gas Natural o Iberdrola han diseñado ya sus propios planes de acción para entrar de lleno en el sector.

Endesa sorprendió recientemente al introducir en su plan estratégico una iniciativa para instalar en tres años más de 600 puntos de recarga eléctricos de acceso público en el país. El grupo lleva desde el año 2011 estudiando a través de pruebas piloto el sector y considera que ha llegado el momento de dar el salto definitivo en su estrategia.

La compañía ha comenzado aplicándose el cuento a sí misma con un plan de movilidad para empleados a través del cual 534 de sus trabajadores -un 5 % de su plantilla- ya se han hecho con un vehículo eléctrico. Tras impulsar la movilidad eléctrica en casa, Endesa ha decidido enfocarse ahora en sus clientes con ofertas para instalar el punto de recarga en viviendas unifamiliares y párking comunitarios por alrededor de 1.300 euros.

Otro grupo que también ha puesto la mirada en el transporte eléctrivo es Iberdrola, que adjunta en su catálogo una oferta que incluye la instalación del punto de recarga y la asistencia técnica con un coste de alquiler de 32 euros al mes. Por su parte, Gas Natural Fenosa también está trazando su propio plan para abordar la entrada en el sector de la movilidad, aunque en este caso, sus acciones están dirigidas al combustible que el propio grupo lleva por nombre: el gas natural.

Cuenta el diario El Mundo que el pasado mes de diciembre el Gobierno lanzó el nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos alternativos denominado Movalt, y valorado en 20 millones de euros que se agotaron en apenas unas horas.

El sector confía en que este año sea el del gran salto del sector con la modificación del real decreto sobre gestores de carga, que simplificará la instalación de los puntos de conexión en España y las medidas que se incluyan en la Ley de Transición Energética en la que trabaja un grupo de expertos nombrado por el Gobierno.