Las grandes compañías fabricantes de automóviles defienden que si el coche eléctrico no aumenta su presencia en Europa, es básicamente por falta de infraestructuras e incentivos económicos para que los consumidores completen la transición a la movilidad sostenible. Por ese motivo, el director ejecutivo del Grupo PSA, Carlos Tavares, ha instado en el Salón de Frankfurt en nombre de sus homólogos a los responsables de la Unión Europea, a tomar medidas que faciliten la transición.

Tavares ha explicado que la oferta ya existe, pero que todavía no se dan las condiciones adecuadas para que la demanda sea acorde, por lo que ha solicitado  más inversión en infraestructura y un incremento de los incentivos públicos. "No bastará con que tengamos coches eléctricos expuestos en los concesionarios", ha advertido en declaraciones recogidas por Autonews, donde ha reivindicado que se construyan más puntos de recarga porque "la libertad de movimiento es una condición fundamental de nuestra democracia".

Los fabricantes necesitan 2,8 millones de puntos en todo el continente para el año 2030, una cifra que queda muy lejos de los 145.000 que existen en la actualidad, y eso teniendo en cuenta que tres cuartas partes de esta cifra se concentra en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos. En España existen menos de 5.000 y el objetivo es llegar a 9.000 durante el próximo lustro.

En la actualidad, tan sólo el 1,5 % de los coches que se comercializan en Europa son eléctricos al 100 %; y el porcentaje de los eléctricos híbridos enchufables es aún menor.

Un estudio publicado por la patronal europea ACEA sugiere que existe una correlación directa entre poder adquisitivo y la imposición de los coches eléctricos. El ejemplo más paradigmático es el de Noruega, donde el 60 % de los coches vendidos en marzo fueron eléctricos, y el PIB per cápita duplica el promedio de la Unión Europea.

Britta Seeger, responsable de ventas de Mercedes-Benz, ha sugerido que una posibilidad sería introducir impuestos en la venta de coches de emisiones para financiar la adquisición de coches eléctricos, de tal modo que "la gente se entusiasme con hacer el cambio". En cualquier caso, los fabricantes saben que están en manos del ente regulador, por lo que exigen que este tome medidas.