La compañía australiana Infinity Lithium, propietaria junto con Sacyr del proyecto de explotación minera y tratamiento industrial de San José Valdeflores (Cáceres), ha asegurado al mercado australiano que "la Junta de Extremadura estará a disposición de la 'joint venture' para colaborar, aclarar y acompañar a las compañías a través del procedimiento administrativo del proceso de permisos". En esta línea, sostiene que la Administración autonómica ha aclarado además su "deseo de simplificar y monitorear los proyectos hasta su implementación".
La firma decidió parar la cotización después de que la semana anterior se generara una fuerte alarma, tras difundirse que la Administración regional había anulado los permisos a la empresa de la mina y cancelara la solicitud para su explotación. Según destacaban los medios locales, un dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura avalaba la denuncia de una asociación ecologista relativa a la falta de información pública.
El problema partía de que el proceso de concesión de la explotación no habría cumplido con los requisitos de publicidad exigidos por la ley (se dieron 30 días de plazo en lugar de 45). Sin embargo, la empresa australiana asegura a sus inversores que el Gobierno autonómico ha cometido un error administrativo, asegura que "mantiene los derechos preferenciales" y añade que la propia Junta extremeña ha reconocido su error y está trabajando con la empresa para "corregir el defecto administrativo histórico y seguir adelante".
La celeridad en el procedimiento es clave, con lo que retrotraer procesos administrativos de 2016 puede provocar que el proyecto se caiga. Pese a los mensajes de calma tras la alarma suscitada que ponían el fin definitivo de este proyecto 20 % minero y 80 % industrial pero aún en proceso de tramitación administrativa, el propio consorcio de Infinity Lithium y Sacyr han mostrado cautela al afirmar que "la empresa es consciente de los riesgos asociados con la concesión de la licencia de minería y no puede garantizar que las solicitudes actuales o adicionales finalmente se otorguen, en su totalidad o en parte".
Con este proyecto, más allá del interés de la empresa, España se juega buena parte de sus posibilidades para el desarrollo futuro del vehículo eléctrico en territorio nacional, un proyecto sobre el que ha puesto la mirada Bruselas, que pretende desarrollar la movilidad eléctrica, y la batería de litio. No en vano, los responsables del consorcio que pretende explotar la mina de litio y producir posteriormente hidróxido de litio aseguran que se trata del segundo enclave con mayores posibilidades en Europa.
El consorcio minero asegura que tiene conversaciones avanzadas con diversas empresas para suministrar su producto; al tiempo que fuentes al tanto del proyecto creen que la preocupación de la Junta es por cumplir con todos los trámites legales y a partir de ahí decidir.
Los promotores aseguran que realizarán una inversión inicial de 300 millones de euros que generará 1.000 puestos de trabajo en la región entre directos, indirectos e inducidos. La controversia se produce en la misma semana en que la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, se encuentra de visita oficial en China, donde trata de apoyar al sector automovilístico y concretamente al desarrollo del vehículo eléctrico; llegando a instar a los fabricantes chinos a que pongan una fábrica de baterías en España.
