Las Cortes de Castilla y León han acordado una deducción del 15 % en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hasta un límite máximo de 4.000 euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos de uso personal y no profesional, que ahora supone un 0,44 % del parque móvil.
La proposición de ley, por la que se crea este nuevo beneficio fiscal en el Texto Refundido de Tributos Propios y Cedidos de la Comunidad, recibió el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y UPL y la abstención de Podemos e IU.
Castilla y León se convierte así en la tercera comunidad, tras Navarra y La Rioja, en contar con esa exención por la movilidad sostenible. En la presentación del texto, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Salvador Cruz, valoró la creación de un nuevo beneficio fiscal en Castilla y León destinado a aumentar la movilidad sostenible con el objetivo de duplicar la venta de vehículos eléctricos, cumplir con la reducción europea de un 40 % del efecto invernadero y propiciar una transición justa.
El procurador castellanoleonés defendió que este es un modelo tributario “justo y sensato” que sitúa a Castilla y León entre las que tienen una menor presión fiscal. “Los que quieren gobernar esta Comunidad plantean aumentar los impuestos”, resumió.
Según los datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos en los antecedentes de la proposición de ley, a comienzos del año 2018 el total del parque móvil de vehículos de Castilla y León no propulsados por gasolina/diésel se elevaba 7.917, de un parque móvil de cerca 1.800.000 vehículos, de los cuales casi el 70 % con una antigüedad superior a 10 años. Esto supone que solo el 0,44 % de los vehículos en Castilla y León utilizan combustibles alternativos, aunque se observa una clara tendencia en el aumento en vehículos de energías alternativas en la Comunidad, ya que se produjo un incremento de 2.460 unidades en 2017, lo que supone un 45 % de incremento con respecto al año anterior 2016, relata el texto presentado por el PP.
